La ampliación del pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a las personas de entre 60% y el 90% de ingresos, a partir de agosto, no ha estado exenta de dificultades debido a la aparición de algunos rechazos del beneficio.
Estos se relacionan con el cambio del universo de los hogares cuyos ingresos se consideran como referencia para la calificación de la PGU, que determinan si un pensionado queda dentro o fuera de del grupo de beneficiarios.
2 millones de personas recibieron PGU a junio y en agosto se sumarían unas 600 mil, lo que podría variar.
Tal como lo explicó el lunes el subsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, si antes el Pilar Solidario (reemplazado por la PGU) consideraba los datos de la Encuesta Casen respecto del ingreso de todos los hogares del país, la ley que creó la PGU lo acotó al grupo de mayores de 65 años, que registran montos promedio de ingreso inferiores.
Según la Casen 2017, el promedio de ingresos del grupo de adultos mayores se situó en $ 239 mil, mientras que el promedio de ingresos del trabajo del total de la población fue $ 776 mil.
Esta diferencia significa que el corte para acceder al beneficio bajó desde $ 800 mil -en el estándar del exPilar Solidario-, a cerca de $ 500 mil per cápita por hogar en la PGU.
Así, quienes tengan una pensión sobre tal monto quedarán sin beneficio, incluso en casos de personas con pensiones inferiores, que son excluidas debido a que al sumar su jubilación con la de su cónyuge, superan el monto de corte per cápita.
Esta situación contrasta con el espíritu de la ley, que consigna como beneficiarios a todos los adultos mayores de 65 años, que pertenezcan al 90% de ingresos, con pensiones de hasta $ 1 millón, excluyendo al 10% más rico de esa población.
Para excluir a los “más ricos”, la ley obligaba el diseño de un nuevo test de afluencia que considerara datos como el patrimonio. Sin embargo, la actual administración no hizo el test por falta de datos certeros, y optó por mantener el instrumento de focalización del exPilar Solidario aunque con ajustes. Entre ellos, el cambio del universo de adultos mayores de la Casen.
El problema
La integrante del Consejo Consultivo Previsional, Cecilia Cifuentes, dijo que la situación fue advertida a las autoridades. Y aunque estima que la decisión del actual gobierno (no hacer un test de afluencia) fue la “mejor solución posible”, enfatiza que “si después de todo el proceso de postulación y aplicación del instrumento llegamos a que lo está recibiendo un porcentaje menor, quiere decir que el instrumento de focalización presenta deficiencias”.
Cifuentes plantea que ha existido una difusión insuficiente de la política, lo que también fue planteado en la discusión de la ley. “Las personas no saben a priori si califican o no dentro del 90% y, como era probable que ese requisito fuera más limitante, a mi juicio tanto el gobierno anterior como éste deberían haberlo explicado mejor”. Otro factor relevante, dijo, es la subdeclaración de ingresos por parte de las personas en la Casen, que podría llevar a que el promedio de ingresos de la encuesta esté por debajo de la realidad de los adultos mayores.
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