Durante más de dos horas la Sala de la Cámara de Diputados discutió ayer la moción parlamentaria que busca limitar la responsabilidad de los usuarios de productos y servicios financieros en caso de fraudes, iniciativa que fue aprobada por una amplia mayoría.
La moción recibió la luz verde de 138 diputados, y tuvo sólo dos abstenciones de los diputados Cristina Girardi (PPD) y de Miguel Mellado (DC).
Ahora, la iniciativa se trasladó nuevamente al Senado, instancia que deberá visar los cambios que se realizaron por su paso por la Cámara Baja, quedando a un paso menos de convertirse en ley.
Esto, pues durante su primer trámite por el Senado cuando se presentó la moción, se limitaba a las operaciones fraudulentas de tarjetas de crédito. Al arribar en la Cámara, se amplió a operaciones con tarjetas de débito, prepago, transferencias de fondos, giros en cajeros automáticos, entre otras transacciones.
De aprobarse la iniciativa en el Senado, los clientes de compañías financieras no deberán contar con seguros antifraudes, pues será la entidad la que se hará responsable. El usuario deberá hacer el reclamo correspondiente en un plazo de 90 días desde que se vio afectado y la compañía tendrá devolver los fondos en un plazo máximo de siete días.
En caso que la entidad financiera tenga dudas respecto a la veracidad del fraude, podrá acudir a los tribunales y ejercer las acciones legales correspondientes, que a través de una resolución judicial, podrá pedir la restitución de los fondos al cliente.
La moción establece que las entidades financieras deben disponer las 24 horas del día todo tipo de canales disponibles y gratuitos para que sus clientes puedan hacer las denuncias de fraudes.
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