DF Lab Opinión / Derechos Digitales en la Nueva Constitución y la vuelta al crecimiento y competitividad

La nueva Constitución de Chile es una tremenda oportunidad para acelerar la transformación digital y modernización, especialmente del Estado de Chile, y así poder cumplir con las altas expectativas ciudadanas y demandas sociales existentes. Surge en consecuencia, la necesidad de explorar que materias, derechos o principios podrían incorporarse en el texto.

Con una economía cada vez más digital, tenemos que garantizar que los sistemas para la preparación, educación, capacitación y reentrenamiento de la fuerza de trabajo actual y futura aseguren la inserción de las personas en el Chile del futuro. Según la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), solo un 6% de la población tiene las habilidades necesarias para enfrentar los cambios tecnológicos que se presentan, y un 42% de la población ni siquiera tiene las habilidades básicas.

Respecto de la conectividad aún existen grandes brechas en nuestro país, mientras en zonas urbanas la cifra llega a un 76,1% de la población, en áreas rurales sólo alcanza al 49%. Las inversiones estatales en infraestructuras deberían incluir fondos específicos que permitan ampliar la cobertura en lugares que carecen de acceso a banda ancha.

El Estado de Chile debe modernizarse para ser más eficiente. Prestar trámites presenciales cuesta al gobierno hasta 40 veces más de lo que podría costar el servicio equivalente en una plataforma digital. Por ello, valoramos la aprobación de la Ley de Transformación Digital del Estado. Además, debemos entrenar a los funcionarios públicos en el uso de estas nuevas tecnologías y asegurar altos niveles de compromiso cultural en favor del cambio y la transparencia.

En el ámbito de la Seguridad Nacional no podemos olvidar el rol que jugará la Ciberseguridad. Como estas amenazas no se detienen en las fronteras locales, es esencial que los gobiernos integren normas y estándares internacionales. La creación de una agencia encargada de la ciberseguridad es crítica, aunque no es necesario que tenga rango constitucional para que logre funcionar adecuadamente.

Un tema central son los datos personales. Creemos que la privacidad es un derecho humano fundamental y, a medida que las personas dependen más de la tecnología, la protección integral de este derecho se hace más importante que nunca. En 2017 se presentó a discusión en el Congreso un proyecto para modificar la actual ley de protección de datos, estableciendo una estructura que avanza en la misma línea de las legislaciones más maduras del mundo. La actual Constitución Política de Chile recogió la protección de los datos personales como una garantía constitucional el 2018 y creemos que esta norma debe mantenerse.

En materia de Inteligencia Artificial el principal es ganarse la confianza de las personas y la sociedad en general. Será importante que cualquier regulación, responda a los riesgos que busca mitigar, pero sin restringir los usos beneficiosos de la IA ni socavar los incentivos para la innovación o impedir el desarrollo de su vasto potencial. Todo este gran desarrollo que anticipamos requiere de una sólida estrategia de datos abiertos: Sin datos, no hay desarrollo de IA.

Como se puede advertir, la oportunidad que tiene Chile es gigantesca y la discusión de una nueva Constitución es una instancia única para que podamos dar un salto y poder así insertarse en la lista de los países más competitivos, más inclusivos, más desarrollados, más modernos y justos. No obstante, Chile se hundió hasta su peor posición histórica en el tradicional Informe de Competitividad Global del IMD Este año Chile se posicionó 44 en el ranking, descendiendo seis lugares frente al año anterior. Por lo anterior es que debemos actuar con responsabilidad y volver a liderar la región. La nueva Constitución puede darnos esa fuerza para poder despegar desde una plataforma más sólida y cohesionada, que así sea.