Avance tecnológico abre el debate sobre el uso de la inteligencia artificial para resolver controversias tributarias

A medida que la tecnología irrumpe en el diario vivir, persisten las preguntas sobre hasta qué punto la inteligencia artificial (IA) puede complementar -o incluso reemplazar- el trabajo de los humanos. Y la inquietud ha tenido eco en las administraciones tributarias y los actores relacionados con la defensa de los derechos de los contribuyentes.

De hecho, un análisis publicado por el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) plantea hasta qué nivel la IA puede ayudar a dirimir las controversias en el pago de impuestos.

“La aplicación de la IA ha optimizado el análisis de los datos, proporcionando insumos que permiten hacer más eficientes los procesos y permitiendo una toma de decisiones basada en evidencia”, señalan los argentinos Alfredo Collosa y Pablo Porporatto, autores del documento.

El documento analiza la experiencia de cinco países que han utilizado la IA para simplificar los procesos en la justicia ordinaria.

El rol de las sentencias previas

En Argentina, en 2017 la Fiscalía de Buenos Aires comenzó a implementar PROMETEA, un sistema que aplica IA para preparar automáticamente dictámenes judiciales.

Para cada caso y sustentado en sentencias previas, PROMETEA permite -a partir de inferencia predictiva- elaborar la recomendación que el fiscal debe hacer para que el juez dicte sentencia. También prepara y le sugiere al fiscal el modelo de dictamen jurídico.

En Estados Unidos desde 1998 se emplea el programa COMPAS para analizar la posibilidad de que un acusado pueda reincidir sobre la base de sus antecedentes penales. El algoritmo le propone al acusado un cuestionario, a partir del cual calcula su riesgo de volver a delinquir. Con este insumo, el juez define si conviene o no otorgarle la libertad condicional.

El sistema analiza 137 aspectos de cada imputado. “Pero, al contrastar el nivel de éxito entre las predicciones del sistema y decisiones de juristas, se constató que el nivel de acierto de la IA no es superior, o incluso, quedan en evidencia errores graves”, plantean Porporatto y Collosa.

En China, en octubre de 2019 se presentó en Beijing el “Tribunal de Internet”, un “centro de litigios en línea” con una plataforma donde las partes cargan los datos de la controversia a resolver y la IA busca jurisprudencia, analiza la temática, contrasta pruebas y dicta sentencia.

Un esquema similar tiene Estonia, donde las partes presentan digitalmente sus demandas y sus pruebas. “El juez de IA analizará la documentación y emitirá una sentencia. Si alguna de las partes disiente con el resultado, siempre podrán presentar un recurso ante un juez humano”, explican.

En tanto que en Colombia, la Corte Constitucional implementará un programa de IA, denominado PRETORIA, un sistema predictivo de “detección inteligente” de sentencias e información para facilitar el trabajo de los jueces.

Las condiciones

Porporatto -vocal del Tribunal Fiscal de Argentina- y Collosa -jefe de Revisión y Recursos de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP-, plantean que existen “riesgos de un mal uso” de la IA, lo que exige una “valoración incluso desde la perspectiva ética y la adopción de una serie de principios que deben presidir su uso”, como por ejemplo que cualquier sistema de resolución debe ser “justo, rápido y efectivo”, además de salvaguardar los derechos y garantías del debido proceso.

“Los contribuyentes deben tener garantías que el manejo de su información es seguro, por lo que se requieren leyes integrales que protejan la confidencialidad. Estas leyes deben precisar la responsabilidad ante fallas de los sistemas, por ejemplo, cuando se producen filtraciones por el accionar de ciberdelincuentes o de los propios recursos humanos de las administraciones tributarias”, enfatizan.

Asimismo, recalcan que el contribuyente “debe tener el derecho a conocer de qué manera la IA llega a la conclusión del recurso, y desde luego poder impugnarla”.