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Vanessa Facuse: “Las ayudas del gobierno deben dirigirse a las empresas viables, no a salvar ineficiencias"

Experta recomienda que las medidas de apoyo estatales se dirijan a los privados que eran viables comercial y financieramente antes de la crisis, con montos acordes a sus necesidades y bajo criterios económicos que eviten las distorsiones.

Por: Teresa Espinoza | Publicado: Viernes 5 de junio de 2020 a las 15:48 hrs.
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A medida que los gobiernos han ido aplicando ayudas a las empresas y empleos amenazados por la crisis económica y sanitaria derivada del coronavirus se van haciendo también más visibles algunos de los riesgos que enfrentan los mercados. Uno de ellos se relacionada con la libre competencia y cómo ella se resguarda en una situación tan distinta a lo conocido hasta ahora.

Vanessa Facuse, fundadora de la Red Pro Competencia, socia del estudio Bofill Escobar Silva y exjefa de la División Litigios de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), dice se justifica que los gobiernos implementen políticas públicas para atenuar que el shock que estamos viviendo genere efectos procíclicos profundos en diversos mercados en el corto y mediano plazo a través de state aids a las empresas.

Las medidas que se han adoptado en diversas partes del mundo van desde ayudas directa, como capitalización o subsidios, o indirectas, como otorgamiento de créditos con garantías estatales y tasas máximas, y acciones de regulación de precios.

Sin embargo, puntualiza la experta, "hay que tener en cuenta que las medidas generan un impacto en los mercados, por lo que en su aplicación deben considerarse criterios para minimizar la distorsión y asignar los recursos escasos de manera eficaz".

-¿Qué quiere decir con minimizar la distorsión?

-Las ayudas son una intervención del Estado que genera distorsiones porque favorecerá a unas empresas o sectores por sobre otros, por tanto, siempre hay que elegir la intervención que genere la menor distorsión, considerando las condiciones de mercado que existían previo a la crisis.

También hay que tomar en cuenta que los recursos del Estado son escasos y por tanto deben asignarse de manera que produzcan el efecto deseado. Se debe realizar a empresas viables y no a salvar ineficiencias, y de una entidad tal que sea útil para resolver los problemas de la crisis económica. Si son montos o créditos menores o por un lapso de tiempo breve, no logrará ser una verdadera ayuda.

Además, se debe resguardar que los mecanismos utilizados permitan en lo posible la subsistencia de los mercados sin introducir mayores asimetrías, para lo cual debe garantizarse a los agentes económicos su acceso bajo criterios económicos razonables, no discriminatorios y eficientes.

-¿Por qué es importante, en la definición de las ayudas, considerar de que se trate de empresas viables?

-Esto dice relación con la eficacia, pues el Estado debiera elegir apoyar a empresas que eran viables comercial y financieramente antes de la crisis, pues de otra forma seria poner recursos en "saco roto".

Es importante tener en cuenta que en Chile, para analizar la situación de las empresas, debemos considerar el impacto de la crisis de octubre de 2019, por lo que debería analizarse el período previo, tal como se está definiendo el criterio de morosidad en los créditos Fogape.

-Si el Estado toma parte de la propiedad de una empresa en problemas, ¿qué resguardos debe tomar? ¿y en qué circunstancias no debería hacerlo por ningún motivo?

-Es importante encontrar el justo equilibrio en que la ayuda estatal se realice en base a criterios de estricta necesidad, permitiendo de este modo que la empresa salga de la crisis, pero también con miras a no generar desincentivos en la inversión en el largo plazo. Por ello, las medidas que se tomen deben responder a un criterio temporal que permita a la empresa o a terceros, una vez superada la crisis, recomprar al Estado las acciones lo más pronto posible.

Lo anterior, es relevante por cuanto de acuerdo a nuestra Constitución la participación del Estado en el desarrollo de actividades económicas es excepcional y trae consigo una serie de regulaciones que podrían ser una carga o requerir adecuaciones a la gestión y administración de las empresas. En este sentido , por ejemplo, se podría limitar la distribución de utilidades por el tiempo en que dure esta crisis destinando los recursos a mantener su funcionamiento y productividad.

-Se ha planteado también fijar precios de productos básicos, ¿qué opina en general de una medida de este tipo? ¿se justifica en algunos casos?

-A mi juicio, la regulación de precios trae más costos que beneficios y se debe utilizar de manera muy excepcional como ocurre en casos de monopolios naturales o licitaciones de bienes de uso público, pues ello puede generar distorsiones en el mercado, por ejemplo, desincentivar la producción de bienes agravando los problemas de escasez, desincentivando el ingreso de nuevos competidores e incluso si hay fijación de precios máximos podría dar señales a los competidores y obtener un resultado colusivo, atendidas las asimetrías de información que tiene el Estado para su regulación.

En este contexto, hay medidas de segundo orden para mitigar tales riesgos, como por ejemplo, incrementar el acceso a información para los consumidores en su decisión de compra, revisar las barreras que impiden incrementar la oferta y distribución de productos sanitarios, y que las autoridades asuman un rol más activo en detectar alzas de precios significativas, que no tengan relación con los costos, a fin de mantener el rol disuasivo de estas conductas y detectar tempranamente prácticas abusivas que deben ser investigadas por las autoridades.

-En general, ¿qué otros riesgos surgen para la libre competencia con un escenario en que las medidas de confinamiento se extienden por varias semanas más?

-Los principales riesgos para la libre competencia derivan de la incertidumbre a la cual estamos expuestos y que no se logren minimizar los efectos a través de las ayudas públicas o permitiendo acuerdos temporales para garantizar provisión de servicio e incluso la subsistencia de algunos sectores en el largo plazo, con lo cual se debe revisar de manera dinámica y en coordinación entre los agentes económicos, autoridades políticas y de competencia, los criterios que se están estableciendo para intentar mantener las firmas viables en los diversos mercados, ya que sin firmas no hay mercado, no hay competencia.

 

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