Columnistas

DF Tax | Mayores impuestos versus mayor optimización fiscal

Rodrigo Cabrera, socio de CBC Abogados.

Por: Rodrigo Cabrera | Publicado: Jueves 9 de septiembre de 2021 a las 04:00 hrs.
  • T+
  • T-

Compartir

Rodrigo Cabrera

Dejando de lado las diferencias de carácter ideológico, los impuestos resultan indispensables para el financiamiento del aparataje público y la implementación de políticas públicas necesarias y beneficiosas para la generalidad de la población. Dicho esto, nuestras autoridades tienen un deber de no sólo hacer un uso correcto y eficiente de dichos recursos, sino también de preservar el difícil equilibrio existente entre el gasto público, la recaudación y el incentivo a la inversión privada.

Imagen foto_00000005

Pues bien, de las propuestas que se han podido conocer, tanto en debates como del texto de los distintos programas de gobierno, se ha podido apreciar que los presidenciables -y particularmente aquellos de la oposición actual- tendrían la intención de llevar a cabo modificaciones significativas a la carga tributaria actual, con medidas tales como impuestos al patrimonio, a la explotación de determinadas industrias ya la producción o venta de bienes contaminantes, además, de introducir reformas al DFL 2, al impuesto a la renta y contribuciones, y aplicar un nuevo royalty minero y nuevos impuestos específicos a combustibles ya productos "no saludables", entre otras varias propuestas.

Sin adentrarnos en las posibles intenciones que pueden subyacer a estas medidas, que en su conjunto parecen propender a una eventual mayor recaudación - "eventual", pues la inversión privada bien podría decaer con un aumento en la carga tributaria y, en dicho sentido, podrían tener el efecto opuesto-, resultante preocupante que ninguno de aquellos programas preste la atención necesaria al que sin duda es uno de los principales puntos a considerar para el engrosamiento y proyección del erario fiscal, el cual es la modernización, eficiencia y eficacia del aparato estatal .

Y es que en el contexto de crisis económica, derivada tanto por los efectos de la pandemia como de la incertidumbre que apareja la discusión de los contenidos de una posible nueva Constitución, centrar las propuestas en un incremento de las arcas fiscales por medio de un aumento de impuestos -dejando de lado la discusión sobre una necesaria mejora en la recaudación, control y uso eficiente de los recursos fiscales- resulta en una política destinada al fracaso, en cuanto se traduce en una mayor carga sobre los hombros de la inversión privada, que soslaya el problema ineludible respecto al urgente "adelgazamiento" de un Estado ineficiente, que consume buena parte de los recursos que por dichas propuestas se pretende aumentar.

Ejemplificando lo anterior -esto es, la necesidad de regular el gasto fiscal y optimizar su eficiencia-, a propósito de la discusión de la ley la 21.180 de transformación digital del Estado, trascendió que el gasto en funcionarios dedicados a la gestión documental ascendía a US$ $1.100 millones, o en otras materias, vemos cómo proyectos de inversión -que podrían representar un aporte significativo a la economía - llevan 12 meses esperando por el resultado de su calificación ambiental para poder comenzar, entre otros muchos ejemplos que ilustran una falencia de parte del Estado, que justifica una discusión urgente en la mejora respecto los costos de administración y burocracia administrativa, antes que un aumento en la carga impositiva de los privados.

Esto no significa dejar de lado el fortalecimiento de la red de protección social del Estado, en cuanto el financiamiento de las políticas públicas sociales no pasa únicamente por un aumento en la recaudación fiscal por medio de la creación de más y nuevos impuestos, sino también por lograr una redistribución y optimización en el uso de los impuestos ya recaudados disminuyendo los costos del aparataje público.

Alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes, son algunos de los cargos de elección pública que los chilenos hemos debido definir durante el año 2021. En un año invadido de elecciones, que destaca por la instalación de la Convención Constituyente y la próxima presidencial, el mes de noviembre, se extraña una discusión en materia de erario fiscal que se haga cargo del problema de optimización del aparataje estatal -manifiestamente poco eficiente-, cuya resolución, sin duda, podría aparejar una mejora sustancial en el uso de los recursos públicos -y consecuentemente de los beneficios y servicios del Estado-, sin necesidad de gravar más a los privados desincentivando su ingreso y participación dentro de la economía.

Lo más leído

DF Multimedia