El filtro (¿o la filtración?) de la justicia

José Miguel Aldunate

La semana pasada, la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dovra Luksic, desmintió la existencia de un supuesto fallo a favor de las víctimas del sacerdote Fernando Karadima. “Lo que está claro es que no hay fallo. No existe ni siquiera un proyecto de fallo entregado; no hay ninguna sentencia”.

Verdaderas o falsas, las filtraciones judiciales no son nuevas. A fines de septiembre, por ejemplo, se filtró la decisión de la Corte Suprema de condenar a los acusados en el caso Luchsinger-Mackay, pero eliminando el carácter terrorista del delito. Por ello, quizás, la Corte Suprema anunció una nueva política comunicacional promoviendo que los jueces expliquen sus sentencias.

Volvamos sobre las filtraciones. Como la información traspasada siempre es de interés público, nunca es el hecho mismo de la filtración lo que acapara la atención de la prensa. Pero, atendida la creciente judicialización de la política, es de esperar una avidez cada vez mayor por saber qué ocurre tras las bambalinas de los tribunales. El problema es que las filtraciones colaboran con la presión pública sobre la manera en que deben deliberar los jueces.

Si la información es reservada, no cabe otra opción que extremar los controles. Distinta es la situación de las decisiones judiciales cuando aún no se redacta la sentencia. ¿Conviene que las Cortes publiquen sus decisiones, no obstante no haberse redactado aún el fallo? Aunque parece ser la mejor solución, la verdad es que no soluciona el fondo del problema.

Por cierto, si los tribunales anuncian el resultado de sus fallos tan pronto como adoptan una decisión, se frustran todas las posibilidades de filtración a la prensa. Cuando esto es una práctica regular, también se impiden las filtraciones de información falsa, porque el público sabe que conocerá la decisión tan pronto como esta sea adoptada y asumirá que toda información no oficial es una mera especulación.

Pero aquí es interesante el caso del Tribunal Constitucional. Luego de una seguidilla de filtraciones, el Tribunal comenzó a publicar sus decisiones, cortando el problema de raíz. Sin embargo, ello implica que la opinión pública toma conocimiento de una decisión judicial sobre asuntos política y jurídicamente controvertidos sin conocer las razones detrás de dicha decisión.

Entonces, dejando a un lado el ahorro de bochornos institucionales, ¿cómo es esta solución sustancialmente mejor que las filtraciones? En definitiva, el contenido de las decisiones jurisdiccionales se legitima no sólo por las atribuciones que les entrega la ley, sino que también por las razones que los jueces deben esgrimir para tomar una decisión. A ello se suma la anomalía de que la sentencia se redacta al mismo tiempo que se lleva a cabo la polémica desatada por la decisión. Nada de esto se soluciona con el anuncio anticipado de las decisiones.

Es de esperar que la nueva política comunicacional de la Corte Suprema ofrezca estrategias novedosas. Mientras tanto, los jueces tendrán que seguir resistiendo la presión pública por una justicia sin filtro.