La autonomía no es el problema

Alberto Undurraga

La crisis de Osorno es la más grande del sector sanitario en décadas. La grave falla de la empresa al contaminar con petróleo las fuentes de agua, sumada a sus sucesivos errores durante la emergencia, generó un daño severo a la comunidad. Mención aparte son las declaraciones erráticas y la ingenuidad inicial con que el gobierno enfrentó la crisis, haciendo suyos los anuncios fallidos de la empresa.

Posteriormente, junto a exigir compensaciones, se ha instalado una petición de caducidad de la concesión de Essal, con amplio respaldo de la población y con transversalidad política. No obstante, expertos tienen opiniones discordantes acerca de si corresponde o no dicha medida.

Por otra parte, análisis técnicos señalan que la implementación de los servicios posteriores a la caducidad de una concesión no es un asunto simple, y se tiene poca experiencia en Chile. En este escenario los llamados por ley a resolver qué tipo de sanción (altas multas o término de la concesión) son el superintendente de Servicios Sanitarios a nivel técnico y, en caso de sugerir la caducidad, el Presidente de la República y el ministro de Obras Públicas.

Dada la presión pública, surge la pregunta acerca si la SISS tiene la capacidad técnica y la autonomía necesaria para tomar la determinación que corresponda. Mi experiencia es que sí las tiene. En efecto, pude apreciar por cuatro años el trabajo de la SISS, en que demostró capacidad técnica y la autonomía necesaria. Por lo tanto, los aprendizajes en esta crisis no debieran ir por la vía de cambiar el estatus institucional de la Superintendencia, más allá de la constante adaptación a nuevas realidades.

Los cambios requeridos responden a una nueva lógica, con acento en el futuro. En efecto, era recurrente escuchar hasta antes de esta crisis que gracias al modelo de asociación público–privada hemos alcanzado niveles de cobertura en agua potable y alcantarillado del 100% en zonas urbanas, así como en tratamiento de aguas servidas. Todo ello fue cierto, pero el futuro no se construye mirando al pasado. Sobre todo cuando en el presente coexiste con este reconocimiento de un malestar por diferentes problemas.

El sector sanitario enfrenta hoy nuevos desafíos en distintos niveles, en los cuales se ha avanzado en los últimos años, pero se requiere consolidarlos. El primero es la seguridad de abastecimiento y evitar que lo sucedido en Osorno se repita, para lo cual se ha anunciado una fiscalización en todo el país. De la misma forma, se hace necesario parametrizar los requisitos o fallas requeridos para caducar una concesión; hoy está abierto, lo que permite posturas encontradas.

En otro orden de cosas, está en el Congreso un proyecto que incluye resolver el servicio a las llamadas “áreas adyacentes”, que corresponden al crecimiento de la ciudad, así como dar mayor participación ciudadana en los procesos de tarificación. Un cuarto desafío es introducir equidad tarifaria, como existe en energía, de manera que las diferencias de precios no tengan alta variabilidad debido a dificultades geográficas. Un quinto desafío tiene que ver con las adaptaciones necesarias por el cambio climático, en el cual también hay avances. Finalmente, una meta país es alcanzar niveles de cobertura del 100% en los sectores rurales, para lo cual una herramienta es el marco institucional promulgado en 2017.

Todos estos desafíos no pasan por cambios institucionales, sino por adaptar el marco regulatorio, donde debiera estar el foco.