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Columnistas

22/09/2016

Autonomía para la enseñanza superior

Olga Feliú de Ortúzar Consejera del Colegio de Abogados

  • Por Olga Feliú
    Olga Feliú

    Olga Feliú

    La reforma propuesta para la enseñanza superior, salvo mínimas e irrelevantes excepciones, conduce a una regulación tal que entrega a órganos del Estado y en definitiva al gobierno, un control sobre los establecimientos que importa la pérdida consecuencial del alma de toda universidad: su autonomía, que en palabras del Tribunal Constitucional, “es el derecho que ellas tienen a regirse por sí mismas, de conformidad con lo establecido en sus estatutos, en todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades”. Ha agregado el mismo Tribunal, que “en la autonomía que singulariza a las universidades, ya sean públicas o privadas, se explica por el trascendental rol que éstas cumplen en la sociedad” y ha expresado que “la autonomía universitaria, en tanto autonomía máxima o extensiva, comprende al menos tres aspectos esenciales y ligados indisolublemente: el académico, el económico y el administrativo”. Confiar el control de los establecimientos de enseñanza superior en organismos burocráticos y/o altamente politizados como son los existentes, es desconocer una realidad y abandonar la búsqueda de un mejoramiento.

    Es por esta autonomía especialísima que resulta tan difícil, para el legislador, conciliar el deber del Estado de asegurar, con la fe pública que le es propia, la idoneidad de los títulos que los establecimientos de enseñanza superior otorgan y permiten, a quienes los poseen, ejercer las respectivas profesiones. Por lo expuesto, legislar sobre esta materia requiere especial cuidado y conocimiento sobre la complejidad de la materia de que se trata.

    El estudio, sin prejuicios, de la ley sobre acreditación y de la historia de su establecimiento permite apreciar cómo, en ella, se plasmó no sólo la teoría abstracta sino el real conocimiento que tenían muchos parlamentarios, entre ellos, Edgardo Boeninger –gran partícipe de su estudio y aprobación- que a su versación unía el conocimiento real, como ex rector de la U. de Chile. Los graves problemas surgidos respecto de la Comisión de Acreditación (CNA) tienen su origen en faltas al debido cumplimiento de obligaciones legales, esto es, se trata de fallas humanas, no de ley. Se ha planteado, en este mismo medio, que la ley de acreditación requiere de modificaciones pero que la CNA no puede transformarse en un órgano subordinado al Mineduc y a la Presidencia.

    La autonomía de los establecimientos de enseñanza superior donde se forja el pensamiento, el análisis, la investigación en los más disímiles campos del saber, no es una concesión del Estado, es un requerimiento básico de su existencia. Es por ello que en su oportunidad –año 1971- se aprobaron en el “pacto de garantías” resguardos relativas a las universidades. Esta reforma aseguró que las universidades estatales y particulares son personas jurídicas dotadas de autonomía académica, administrativa y económica y que corresponde al Estado proveer a su adecuado financiamiento para que puedan cumplir sus funciones plenamente.

    Las modificaciones propuestas al Parlamento han merecido observaciones fundadas, tanto de actuales como de ex Rectores, como asimismo del Consejo Nacional de Educación (CNED) y de la CNA. Esto es, personas e instituciones que conocen el quehacer y los requerimientos de estos establecimientos.

    En relación con esta reforma conviene también reflexionar acerca de la inconveniencia de que, al igual que en la reforma tributaria, se incluyan en un solo proyecto, modificaciones a textos normativos diversos, que dificulta no sólo su tramitación sino también el acabado y acucioso estudio requerido. La experiencia negativa de esa ley, que luego tuvo que ser corregida, debiera servir de enseñanza. Escuchar a quienes tienen conocimientos y experiencia en materias tan importantes y sensibles como éstas, no es una debilidad, es un deber de quienes tienen obligaciones y responsabilidades públicas.

    Por lo mismo, este proyecto debiera preocupar seriamente no sólo a quienes aparecen como directamente involucrados o afectados por los cambios –Universidades, Institutos y Centros de Formación Técnica- sino también a todos aquellos a quienes importa el futuro del país.

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