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Editorial

Quiebre del orden y la defensa del Estado

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cusado por la empresa Walmart de no cumplir su obligación de preservar el orden público y garantizar derechos fundamentales en medio del conflicto social —y demandado ante tribunales por ello—, el Estado de Chile ha respondido a las acciones judiciales a través del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en informes ante las Cortes de Apelaciones de Valdivia y Puerto Montt. Lo llamativo es que junto con negar la falta de la que se le acusa, como era previsible, el Estado alega que la empresa muestra “escasa empatía nacional” ante la crisis en curso y, además, que solicita un “trato excepcional” y “preferente” en materia de protección policial.

Se trata de una lectura preocupante. Según el CDE, el Estado “ha cumplido, dentro del marco de sus capacidades instaladas y de la gravedad del vandalismo imperante, su función de garantía del orden público”. Tras seis semanas de violencia en las calles, es palmario que no ha sido así, de lo contrario no habría más de un centenar de supermercados destruidos o dañados únicamente de Walmart. Y es muy grave sugerir que, sólo por solicitar la protección de las fuerzas del orden en un contexto de quiebre del orden público, esta u otras empresas —y, eventualmente, ciudadanos—, pretenden “cierta preferencia en la protección policial de sus locales comerciales (y) un trato excepcional con respecto a las miles de empresas y personas que se han visto perjudicadas económicamente por los actuales sucesos”.

Por otra parte, argumentar que lo anterior delata poca “empatía” de la multinacional en el actual contexto de crisis equivale, tácitamente, a darle la razón. Sugiere que cualquier fallo en la protección policial se debe a un cuadro inusual que escapa al control de la autoridad. Pero es precisamente en este tipo de situaciones excepcionales cuando más se requiere que las instituciones estén a la altura, no en tiempos de normalidad.

Llevado ante tribunales por presuntas fallas en su actuar, corresponde que el Estado se defienda rebatiendo las acusaciones con pruebas y argumentos, no que ponga en duda las cualidades o motivaciones de quienes lo llevan a la justicia.

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