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Reportajes

Fiscal Juan Castro: ¿Quiénes están quemando Antofagasta?

Desde el 18 de octubre pasado, la capital de la Segunda Región ha sido escenario de violentas jornadas. Su centro está casi destruido y los comerciantes -al igual que Walmart- recurrieron de protección contra el Estado, por no garantizar el orden ni la seguridad.

Por: Fernando Vega | Publicado: Viernes 29 de noviembre de 2019 a las 04:00 hrs.
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Foto: Rodolfo Jara
Foto: Rodolfo Jara

Cada tarde después de las 16 horas, desde hace ya casi 42 días, el centro de Antofagasta cambia radicalmente. Cierra el comercio, los vecinos y trabajadores salen rápidamente del barrio a sus casas y las angostas calles de la capital de la Segunda Región comienzan a llenarse de manifestantes, Carabineros, banderas, barricadas, humo y gas lacrimógeno.

El centro de la ciudad dejó de ser esa zona llena de vida de la que la ciudad presumía y ahora exhibe cuadras enteras vandalizadas. Sobre calles y veredas, los restos de barricadas se confunden con ese polvillo blanco de las lacrimógenas que ya se ha hecho tan reconocible en el país. Más de un mes de manifestaciones han convertido a este lugar en la “zona cero” de las protestas de la capital minera de Chile. Aunque los desórdenes y saqueos también han afectado a otras zonas de la ciudad.

Este martes, hubo Consejo Comunal de Seguridad Pública en el municipio. Allí, los locatarios expusieron su dramática situación: no pueden pagar sueldos, arriendos, impuestos y a sus proveedores a la vez. Varios tendrán que elegir a quién cumplirle y a quién no. El presidente de la Cámara de Comercio Servicios y Turismo de Antofagasta, Antonio Sánchez, estimó que 10 mil personas se quedarán sin empleo, producto de la crisis.

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Esa misma entidad, presentó la semana pasada un recurso de protección en contra del Estado, acusándolo de incumplir con su deber de garantizar el orden y la seguridad pública. Lo mismo hizo hace unos días Walmart.

Pero, ¿quiénes están saqueando y quemando la ciudad? El fiscal jefe de Análisis Criminal y Focos Investigativos de Antofagasta, Juan Castro Bekios, dice que hasta ahora, delincuentes comunes. Un perfil hecho sobre las más de 100 formalizaciones a detenidos por saqueos o robos en la ciudad arroja que se trata en su mayoría de hombres, entre 18 y 35 años y reincidentes de este tipo de delitos.

-¿Y los narcos?

-No tenemos ningún antecedente serio que nos permita vincular a estas personas con el narcotráfico, lo que no significa que lo dejemos de indagar y por cierto que lo vamos a indagar, porque como Fiscalía de Análisis Criminal si vemos vinculación de estos delitos de saqueos con otros delitos como tráfico de drogas, tenemos que investigarlo e indagarlo. El único caso que hemos visto es el de un vehículo que fue visto en un saqueo y cuando lo encontramos, tenía droga; 14 kilos entre marihuana y pasta base. Lo que tenemos es el vehículo. Se investigó, se incautó y se detuvo a las personas. Pero de ese caso no se puede extraer una generalidad.

Más de 100 formalizados

Desde el 24 de octubre pasado, la Fiscalía de Antofagasta trabaja con dos focos investigativos. Uno en Derechos Humanos a cargo del fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Ayala, y otro, en saqueos, receptación y bombas, a cargo de Castro Bekios. “Más de 100 personas están formalizadas y con medidas cautelares y además tenemos a más de 10 personas en prisión preventiva por distintos delitos relativos a saqueos y lo que dice relación al uso de artefactos incendiarios como bombas molotov”, explica.

Según Castro, eso se logró con el trabajo conjunto de Carabineros e Investigaciones. “En muchos casos se trata de personas que viven en las inmediaciones y es materia de investigación si participaron todos en los saqueos o en el acopio de mercadería”, añade.

Respecto de la participación de extranjeros, el fiscal sostiene que “es menor y corresponde a la migración habitual de la región, es decir a ciudadanos peruanos, venezolanos, colombianos, en saqueos y receptación” y no son más del 10% del total. “Hay casos excepcionales como el de un menor formalizado por arrojar bombas molotov a un carro de Carabineros.Hay una persona de 38 años que lanzaba molotov y que incluso andaba con tobillera electrónica. En general, se trata de jóvenes adultos con condenas anteriores y procesos pendientes”, explica el fiscal.

-¿Las hipótesis de grupos anarquistas se siguen investigando?

-Son hipótesis más bien de carácter criminológico, lo que no significa que uno no tenga que hacerse cargo del origen. Y en ese sentido, desde la razonable certeza de los datos que tenemos es que de este universo de más de 100 personas pasadas a control de detención y todas con medidas cautelares como prohibición de entrar a los cuadrantes del centro, casi el 46% tiene antecedentes penales anteriores por delitos similares; es decir robo en lugar no habitado, receptación y algunos incluso con procesos pendientes por estos delitos, que volvieron a delinquir.

-¿El ministro de Defensa ha dicho que las policías están desbordadas. ¿Han podido prestarle ayuda?

-Sí. Les ha tocado asumir diferentes tareas y han asumido las investigaciones y fenómenos que estamos viendo y los resultados en términos numéricos son bastante buenos. Tenemos bastantes formalizados y lo otro es que en realidad no hemos visto obstáculos con la Corte de Apelaciones cuando han llegado recursos. En términos generales hemos tenido buena acogida a nuestras peticiones, hemos tratado de establecer un criterio proporcional y que todas las personas queden con medidas cautelares.

-¿Por qué?

-Porque sin cautelares no tenemos ningún control de que van a comparecer en el procedimiento o que se van a cumplir los fines del procedimiento y evitar el peligro de reiteración.

-La crisis no para, es más parece agravarse… ¿La Fiscalía tiene recursos para seguir?

-Es un tema país del que no podemos estar al margen. Tenemos una función legal que cumplir y sobre todo ante este fenómeno tenemos que trabajar con todas las herramientas necesarias y por eso se estableció un turno paralelo para que haya siempre un fiscal de foco las 24 horas los 7 días de la semana, para que los equipos especializados puedan contar siempre con un fiscal a quien acudir, recibir denuncias, adoptar o realizar diligencias, lo que implica más trabajo pero que se asumió como parte de lo que tenemos que hacer todos los funcionarios públicos y así lo han entendido también las policías.

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