La nueva Ley de Pesca es una de las prioridades del gobierno, así fue ratificado por el presidente Gabriel Boric en su pasada Cuenta Pública, cuando se comprometió en avanzar en “reglas clara, justas y sostenibles”.
El argumento del Ejecutivo para impulsar este cambio es que la base de esta estructura normativa “tiene una sombra que requiere ser removida a través de un intercambio fluido público-privado”, según dijo el subsecretario del sector, Julio Salas, en entrevista con este medio. Se busca que el borrador esté listo este año.
Desde la industria hay una apertura transversal a participar en el proceso y se apunta a que el nuevo texto contribuya a dar una mayor seguridad al mundo pesquero.
“La pesca en la macrozona norte está estancada por falta de certeza, por poca claridad en las reglas del juego, y esperamos que en definitiva una nueva ley le pueda devolver esto”, señala Marcos Gómez, vicepresidente ejecutivo del gremio de Armadores e Industriales Pesqueros del Norte Grande (Asipnor).
Misma visión comparte Macarena Cepeda, presidenta de la Asociación de Industriales Pesqueros del Biobío (Asipes): “Creemos que debería regir una ley que genere certeza en términos de reglas claras e institucionalidad tanto a la pesca industrial como artesanal. Si esto amerita la revisión de la legislación y hacer propuestas de mejoramiento, por supuesto estamos de acuerdo”.
Por otro lado, desde la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales (Confepach), apoyan el proyecto, porque creen que no se puede sostener una ley cuyo origen dejó condenas por fraude y cohecho.
“Nosotros creemos que esta ley debiese castigar esos derechos que fueron adquiridos de forma fraudulenta. No queremos quitarles la cuota a ellos para nosotros, pero queremos que se sancionen para marcar un hito de que no se puede hacer leyes a través de la corrupción”, argumenta Marcelo Soto, presidente del gremio.
Inversión y sustentabilidad
El gerente general de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), Héctor Bacigalupo, también cree que esta iniciativa va en la línea correcta. Si bien considera que la actual ley ha aportado al desarrollo del sector, debe ser perfeccionada en distintos ámbitos.
“Tiene que basarse en un trabajo técnico, con los antecedentes que se han visto en la aplicación de la ley, y tenemos que trabajar unidos junto a los artesanales, las ONG, la academia, porque así nos va mejor como país”, dice.
Agrega que es esencial que conceptos como el enfoque sistémico y el principio precautorio se mantengan detrás de la legislación, junto con la participación de comités científicos y de manejo, porque estos han permitido avanzar en la sustentabilidad del rubro y que 10 de las 16 pesquerías industriales estén en el nivel óptimo de biomasa en la actualidad.
Gómez, de Asipnor, remarca la importancia de mantener un sistema de concesiones de largo plazo que proteja a las inversiones y que se tenga en cuenta a los distintos mundos pesqueros que hay en el país: “Todos tienen sus propias características que hay que considerar. En el norte hay una plataforma continental que baja abruptamente, por lo que nuestra pesca es más costera que la del resto. Esas cosas se deben considerar”.
En la misma línea, Cepeda, de Asipes, argumenta que el gran logro de la ley fue imponer un criterio científico en la toma de decisiones y fortalecer la fiscalización de Sernapesca. No obstante, dice que hay temas que falta fortalecer, como las condiciones sociales y laborales de la pesca artesanal, además de las materias ligadas a seguridad alimentaria y consumo humano.
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