A solo unas semanas de asumir como ministro de Economía, Nicolás Grau adelantó que una de sus metas será presentar una nueva Ley de Pesca. En primera línea para cumplir con esa tarea estará Julio Salas, el hombre escogido para dirigir la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.
En conversación con Diario Financiero, el abogado con 14 años de trayectoria en los ministerios de Trabajo, Desarrollo Social, Segpres y Economía, define las prioridades que tendrá su administración.
“Creemos en la estabilidad de las reglas del juego para poder desarrollar inversión, crecimiento y empleo. Pero esa estabilidad es responsabilidad de la autoridad pública y también del mundo privado.”
Sostiene que, dado que la subsecretaría tiene un rol principalmente regulatorio dentro de un ministerio de fomento, su trabajo se enfocará en enfrentar “la equidad en la pesca de manera multidimensional y la crisis de confianza en cuanto a la transparencia en el mundo público”.
Por ello, tiene la agenda abierta para conversar con todos los actores del sector, pero siempre haciendo público el contenido de esas reuniones para “transformar la interacción y la acción regulatoria en una verdadera casa de cristal”.
- Respecto a la equidad, ¿qué cambios quiere llevar a cabo?
- La dimensión más amplia es definir cuánto le corresponde de la actividad a hombres y mujeres, a la pesca industrial y a la artesanal, a los diferentes territorios y hasta llegar a los individuos, porque tenemos definiciones hasta ese nivel de precisión. Pero también influye la distribución de los beneficios de la actividad. Una cosa que nos llama la atención es la diferencia del precio de playa de desembarco de un producto con el de venta al consumidor. Nos importa que quienes laboran en la pesca artesanal obtengan la mayor viabilidad de la utilidad de su trabajo.
- ¿Y con qué medidas se soluciona esto?
- Por ejemplo, facilitando la comercialización directa a través de mecanismos tecnológicos. Si podemos acceder a transporte vía una aplicación, es posible avanzar en el acceso a recursos directamente desde donde se extraen. Otra forma es incorporar valor agregado directamente en la caleta al producto, lo que va a hacer más apropiable el fruto de su trabajo.
- ¿Cómo abordará el clásico conflicto entre el sector industrial y la pesca artesanal?
- La distribución debe ser distinta en cada una de las pesquerías, no es lo mismo repartir la centolla que la sardina y anchoveta. Esta mirada requiere un enfoque principalmente científico, pero quiero señalar que no es posible regular el sector si no existe un diálogo franco entre quien regula y los propios actores.
En este primer mes hemos desarrollado reuniones de trabajo con gremios vinculados al mundo industrial y a la acuicultura. Queremos restablecer un diálogo que sea eficaz para desarrollar debidamente la función regulatoria, en un contexto de transparencia. La crisis de confianza en las instituciones se agrava en este sector, por una situación que ya constituye una verdad judicial y que genera un problema de origen en los cimientos de la normativa. Apostaremos a la transparencia de la relación público-privada para recuperar la confianza y eliminar la sensación de sombra.
Las bases para elaborar la nueva Ley de Pesca
- Concretamente, ¿cómo se recupera la confianza?
- Yo tengo la impresión de que lo primero es ver si los actores públicos y privados están conscientes del problema, ya que creemos que ambos salen ganando con esto. Conversando nos damos cuenta de que todos constatan lo mismo, nadie quiere estar bajo esa sensación de cuestionamiento implícito.
Además, hemos avanzado con un mecanismo de agenda abierta que cualquier ciudadano puede ver y estamos trabajando en un repositorio donde todo el intercambio de información y entrega de documentación que se produzca en las reuniones pueda ser transparente a la ciudadanía.
- ¿Las prioridades de una nueva Ley de Pesca irán en ese sentido?
- No hay ninguna duda. Finalmente, la necesidad de una nueva ley es porque la base de la estructura normativa y toda su regulación posterior tienen una sombra que requiere ser removida. Y la forma de hacerlo es a través de un intercambio fluido público-privado que nos permita concebir una nueva normativa.
Nosotros creemos en la estabilidad de las reglas del juego para poder desarrollar inversión, crecimiento y empleo. Pero esa estabilidad es responsabilidad de la autoridad pública y también del mundo privado. Con una interacción contaminada, la estabilidad se verá amenazada.
- ¿Cuáles son los ejes que debe contener esa ley?
- Se está desarrollando un proceso constituyente y parece ser mejor abordarla una vez se haya resuelto. Y no es un trabajo privativo de la Subsecretaría, sino que será liderado por el ministro de Economía.
- ¿Conversarán también con las grandes empresas?
- Por cierto. Hemos avanzado en abrir un diálogo y en explicar cuáles serán las condiciones de éste, que son que la información que intercambiemos debe conocerse por la ciudadanía. La necesidad de una nueva ley no significa que no tengamos valoración por contenidos preexistentes -como el enfoque precautorio y el ecosistémico-, pero hay otros temas en los que sí requerimos tener una conversación debidamente articulada.
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