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Alto contrasteConservación y desarrollo para Chile
LUCY ANA AVILÉS Inversionista, filántropa y presidenta Fundación Viento Sur y BEN WALTON Inversionista, filántropo y cofundador de ZomaLab
Chile posee un patrimonio natural extraordinario. Sus paisajes no solo tienen un valor ambiental incalculable, además pueden transformarse en motores de empleo, inversión, turismo, emprendimiento y desarrollo para comunidades que muchas veces cuentan con pocas alternativas económicas. Un estudio de Fundación Rewilding Chile y McKinsey señala que por cada US$ 1 invertido por el Estado en los parques protegidos de la Patagonia se generaron cerca de US$ 6 en ingresos turísticos para las comunidades locales.
La protección de la naturaleza no debe entenderse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una de sus mayores oportunidades, especialmente en el largo plazo. Por eso creemos fundamental retomar la conversación sobre instaurar un Project Finance for Permanence (PFP) para Chile. Un PFP bien diseñado puede contribuir a cambiar esa realidad. La protección de un área debe ir acompañada de inversión en capacidades locales, infraestructura, turismo responsable, capacitación, conectividad y oportunidades para las comunidades vecinas. Significa crear empleos en lugares donde las oportunidades suelen concentrarse en las grandes ciudades.
Un PFP tiene esta perspectiva integrada en su plan de intervención sobre un grupo significativo de parques a lo largo de todo el país, y la implementación puede tomar entre 10 y 15 años, hasta lograr que estos parques sean sustentables.
“La protección de la naturaleza no debe entenderse como un obstáculo para el desarrollo, sino como una de sus mayores oportunidades, especialmente en el largo plazo”.
Cuando las comunidades reciben beneficios concretos vinculados a la naturaleza, aumenta también su compromiso con la protección de esos territorios. La conservación deja de percibirse como una decisión impuesta desde Santiago o desde organizaciones externas y pasa a ser una fuente de orgullo, identidad y oportunidades compartidas. No puede existir conservación permanente si las comunidades no se sienten parte de ella y si no logran ver los beneficios que puede haber con la creación y manejo de estos parques.
Vale la pena reflexionar, entonces, si ¿la creación de los parques mejora la vida de las personas? ¿contribuye al crecimiento económico? ¿beneficia a las regiones? ¿protege la flora y fauna? Creemos que es hora de sentarnos a conversar y ver cómo podemos sacar adelante este proyecto.
Un PFP es un acuerdo de largo plazo que reúne al Estado, la filantropía, las comunidades y la sociedad civil con el objetivo de asegurar financiamiento, capacidades institucionales y condiciones de gestión permanentes para un sistema de áreas protegidas. Su mayor aporte consiste en cambiar la forma en que entendemos la conservación, la que deja de ser solo un fin ambiental y se convierte,además, en un motor de desarrollo.
Creemos profundamente en las alianzas público-privadas. No porque el sector privado deba reemplazar al Estado, sino porque los grandes desafíos requieren colaboración. El Estado aporta legitimidad, institucionalidad y permanencia. La filantropía puede aportar capital flexible, innovación y capacidad de asumir riesgos. Las organizaciones especializadas contribuyen con conocimiento técnico. Las comunidades entregan experiencia territorial y legitimidad local. El sector privado puede aportar inversión, empleo y escalabilidad.
Cuando estos actores trabajan de manera coordinada y colaborativa, es posible aumentar la eficiencia, multiplicar el impacto y ayudar al Gobierno a cumplir sus propios objetivos sociales, económicos y ambientales. Sin embargo, para que esta colaboración tenga éxito, se requieren reglas claras, compromisos verificables, transparencia, buena gobernanza y una visión que trascienda los ciclos electorales.
Un PFP no debe depender de una sola administración, de una familia, de un donante o de una organización. Su sentido es construir un acuerdo nacional capaz de permanecer para las próximas generaciones que vendrán. Esto podría ser uno de los grandes legados políticos de nuestro tiempo: demostrar que las áreas protegidas no son territorios congelados, sino activos estratégicos para el futuro del país.
Chile ha demostrado muchas veces que puede movilizarse en torno a grandes causas cuando existe confianza, transparencia y un propósito común. Necesitamos convocar esa misma energía para proteger nuestro patrimonio natural y convertirlo en una fuente de oportunidades.
No se trata simplemente de recaudar recursos. Se trata de construir un compromiso permanente con el país que queremos dejarles a nuestros hijos y a las próximas generaciones.
