El “papel” de la colusión

La colusión es el atentado más grave que las empresas pueden cometer en contra de la libre competencia y los consumidores. Cuando dos o más empresas se coluden, renuncian a competir y se apartan de las reglas más básicas de honestidad en los negocios, afectando gravemente la confianza de la ciudadanía y las personas.

En estas últimas semanas hemos sido testigos de un nuevo caso de colusión y del fin de un proceso de otro. Ambos configuran abusos de gran magnitud, que han impactado fuertemente a los distintos actores de la sociedad. En el primero, la Fiscalía Nacional Económica denunció al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia la colusión entre dos empresas productoras de papel higiénico, servilletas, toalla nova y pañuelos de papel. Durante más de una década se coludieron en perjuicio de todos los chilenos, asegurándose de que los precios que pagamos por estos bienes de primera necesidad fueran los más altos posibles. En el segundo, la Corte Suprema confirmó el fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia que condenó a tres empresas productoras de pollo por haberse coludido por más de 15 años.

Lo que queda de manifiesto con el descubrimiento de estos carteles es que nuestra institucionalidad de defensa de la libre competencia debe ser fortalecida para poder sancionar y disuadir la colusión como corresponde, tal como ocurre en las economías más desarrolladas.

En marzo de 2015, el Gobierno de la Presidenta Bachelet envió al Congreso un proyecto de ley que tiene por propósito asegurar que las sanciones para quienes se coluden sean justas y disuasivas. Lo que no puede ocurrir es que la colusión sea un buen negocio para las empresas y los ejecutivos que acuerdan participar en ella, tal como pasó en el caso de colusión de las empresas productoras de pollo, en que el sobreprecio pagado por los consumidores habría sido del orden

U$ 1.500 millones mientras que las multas que deberán pagar las empresas y la asociación gremial ascendieron a un total de US$ 57 millones. Más grave aún, las personas de carne y hueso que hicieron posible la colusión -los ejecutivos de las empresas y los dirigentes gremiales- no tendrán sanción alguna. Este escenario debe llegar a su fin.

El proyecto de ley contempla multas de hasta el doble del beneficio económico obtenido o de hasta el 30% de las ventas de la línea de producto o servicio afectada por la infracción durante todo el período que dure la colusión. Asimismo, el proyecto propone penas de cárcel de entre 5 años y 1 día a 10 años, así como inhabilidades para cargos públicos, cargos ejecutivos en empresas públicas y privadas y cargos directivos en gremios empresariales y profesionales por un plazo de hasta 5 años.

La última reforma a la ley de defensa de la libre competencia fue aprobada en 2009 e incluía un incremento en las multas por ilícitos anticompetitivos, el otorgamiento a la Fiscalía Nacional Económica de facultades de allanamiento de oficinas, incautación de documentos y computadores e interceptación de comunicaciones telefónicas para investigaciones de colusión, y el establecimiento de la delación compensada, sólo gracias a ello se ha permitido avanzar decididamente en el desbaratamiento de carteles.

Hoy debemos avanzar con celeridad en la aprobación del proyecto de ley de libre competencia que está en el Congreso. El diagnóstico es claro y rotundo: la OCDE en sus informes ha respaldado con firmeza la adopción de las reformas que se proponen. La evidencia es más que suficiente: los casos de colusión que se han generado en el último tiempo demuestran que el sistema debe ser perfeccionado.

Para alcanzar el desarrollo económico, nuestros mercados y consumidores requieren de una legislación que fortalezca la libre competencia y que contenga herramientas sólidas para su resguardo y el de los consumidores. De esta manera, estaremos protegidos frente a los abusos de inescrupulosos que con su accionar no solo afectan severamente las confianzas sino también el desarrollo de nuestro país.