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El Reino Unido abrió una consulta pública que incluye una propuesta para recompensar económicamente a quienes aporten información sobre delitos económicos. La posibilidad de pagar por denunciar abre preguntas sobre el valor de esa información y los incentivos para entregarla.
Detrás de esa propuesta hay un reconocimiento de que denunciar tiene costos y que pedir a las personas que lo hagan puede requerir algo más que apelar a su sentido del deber. Chile también ha abordado este desafío desde la protección. La Ley 21.592 de 2023 estableció un estatuto de protección del denunciante y un canal administrado por la Contraloría, con reserva de identidad y medidas frente a represalias. Aunque su foco está en el sector público, responde a una necesidad relevante para el buen gobierno corporativo.
El tema no es fácil porque pone en juego distintos valores. Queremos que las irregularidades se conozcan, que quienes alertan estén protegidos y que los denunciados reciban un trato justo. También queremos evitar acusaciones infundadas. En esa discusión, quizás nos detenemos poco en una pregunta anterior. ¿Por qué alguien quisiera denunciar? ¿Qué gana al hacerlo?
“Si guardar silencio protege la carrera y advertir un riesgo la amenaza, el incentivo organizacional es bastante claro”.
Puede ser una recompensa económica. Puede ser una concepción ética de la vida y los negocios, el sentido del deber o la necesidad de proteger a otros. También puede haber frustración, un conflicto personal o varios motivos a la vez. Las motivaciones humanas rara vez vienen separadas. Por eso, evaluar los antecedentes exige rigor, sin suponer que un interés personal vuelve falsa una denuncia o que una intención noble la hace verdadera.
Hay quienes denuncian porque quieren cuidar la organización a la que pertenecen. Pero esa disposición puede debilitarse cuando hablar significa perder oportunidades o convertirse en “la persona problemática”. Si guardar silencio protege la carrera y advertir un riesgo la amenaza, el incentivo organizacional es bastante claro.
Aquí el buen gobierno corporativo tiene mucho que aportar. La posibilidad de ser escuchado, de obtener una respuesta y de ver que un problema se aborda también da sentido a denunciar. Una persona necesita saber que su decisión puede servir de algo y que la organización está dispuesta a respaldarla frente a represalias.
Mucho se juega antes de que alguien recurra a un canal formal. Un buen liderazgo permite poner los problemas sobre la mesa, reconocer errores y cuestionar una explicación sin que eso se interprete como deslealtad. La forma en que una jefatura recibe una mala noticia enseña más que varias capacitaciones. Asimismo, el directorio debe preguntarse si las metas, los reconocimientos y las promociones son coherentes con esa disposición a escuchar.
Para una empresa, recibir información oportuna puede evitar pérdidas y mejorar decisiones. Pero esa contribución requiere un sistema confiable, capaz de investigar con independencia, resguardar identidades y respetar el debido proceso. Una denuncia de buena fe puede no acreditarse, así como una alerta tampoco es una condena.
Las recompensas monetarias merecen discutirse, con sus beneficios y riesgos. También debemos revisar qué incentivos ofrecemos para que el compromiso con la integridad tenga sentido dentro de la organización. Hablar puede salir caro y un buen gobierno corporativo debiera impedir que el silencio sea la opción más conveniente.
