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Alto contrasteLa debilidad del sistema de concesiones
MARCELA RUIZ-TAGLE O. SOCIA GEMINES CONSULTORES
Marcela Ruiz-Tagle
Asombro generó en el mercado el retiro por parte del Ministerio de Hacienda de dos proyectos de concesión (Rutas 150 y 160) cuya adjudicación estaba a la espera de los decretos respectivos. Los proyectos fueron licitados en 2024 y la apertura de las ofertas económicas ocurrió en julio de 2025, pero el cierre del proceso con la publicación de los decretos de adjudicación al único oferente nunca se materializó. No han sido los únicos casos en que el proceso no se completa.
La licitación de la Ruta 5 Tramo Caldera-Antofagasta, publicada en octubre de 2024, fue revocada en enero de este año, de acuerdo con la resolución oficial, con el objetivo de “compatibilizar nuevos requerimientos que se necesita incorporar al proyecto, y por otro lado, las condiciones económicas necesarias para su materialización; ello con la finalidad de llevar a cabo una licitación pública exitosa y competitiva, en resguardo del interés fiscal”. Las ocho empresas que adquirieron las bases advirtieron, en el proceso de consultas, riesgos en las estimaciones de demanda y complejidades técnicas, a los que se agregaron problemas de coordinación intersectorial que evidenciaron, luego de más de un año, la necesidad de reformular la propuesta. Hoy la iniciativa sigue en la cartera de la Dirección de Concesiones, sin un nuevo cronograma.
“Los problemas de diseño se traducen en riesgos tanto para los privados como para el Estado”.
El patrón no se limita a proyectos de vialidad. El Sistema de Alerta Temprana de Tsunami, licitado a fines de 2024 y con dos oferentes en la apertura de ofertas técnicas de febrero, aún no se adjudica. La licitación del Embalse Nueva La Punilla, en cambio, no recibió ofertas. Los problemas de diseño se traducen en riesgos tanto para los privados como para el Estado, y su correlato fiscal es el aumento de compensaciones, que hoy representan 38% del presupuesto de la Dirección de Concesiones: recursos que debieran financiar nueva infraestructura y en cambio se destinan a cubrir contingencias por contratos incompletos. A esto se suma que los problemas de diseño extienden el plazo entre licitación y adjudicación, hoy superior a 12 meses, lo que desincentiva a potenciales interesados y encarece la participación.
Es un círculo que se retroalimenta: un diseño incompleto potencia las compensaciones, el Estado reacciona traspasando mayores riesgos en los contratos futuros, lo que reduce el número de oferentes y, en el extremo, las licitaciones se revocan o quedan desiertas. La recurrencia de este ciclo evidencia la debilidad actual del sistema de concesiones. Corregirlo exige intervenir antes del llamado a licitación, no después. Primero, los riesgos contractuales debieran explicitarse. Segundo, se debiera dimensionar el compromiso fiscal de los subsidios o aportes estatales requeridos por todo proyecto, bajo distintos escenarios de riesgo, antes de licitar y no a fines del proceso, como ocurrió en las Rutas 150 y 160. Tercero, las bases de licitación deben potenciar el número de oferentes dado el riesgo de cada uno de los proyectos. Estas medidas facilitarían el desarrollo de los proyectos de acuerdo a los cronogramas inicialmente previstos.
