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Alto contrasteMeta: cuando la política pública llega tarde
TOMÁS SÁNCHEZ V. SOCIO VALORIZA, DIRECTOR POLITROPIA
Tomás Sánchez
Diecisiete mil millones de dólares. Ese es el monto que Meta acaba de comprometer con 47 estados de EEUU para cerrar el juicio por diseño adictivo de Instagram y Facebook en adolescentes. Sumado a los más de 11 mil millones ya pagados en multas de privacidad, antitrust y datos biométricos desde 2019, el prontuario supera los 28 mil millones de dólares. La cifra invita a una pregunta incómoda: ¿por qué la regulación llega después del daño cuando era de público conocimiento?
El contexto no es menor. Entre 2010 y 2020, mientra los adolescentes adoptaron el smartphone y el uso diario de redes, las tasas de depresión mayor se duplicaron en EEUU, y las hospitalizaciones por autolesión en niñas adolescentes se dispararon. Los “Facebook Papers” filtrados por Frances Haugen en 2021 revelaron documentos internos donde Meta reconocía: “empeoramos los problemas de imagen corporal para una de cada tres adolescentes”, y que 17% de las adolescentes vinculaba su trastorno alimenticio a Instagram. Otro hallazgo interno, de 2018, tituló su propio informe “¿Facebook premia la indignación?”: mientras más comentarios negativos generaba una publicación, más probable era que el enlace fuera clickeado. La empresa no solo conocía el daño; había cuantificado que el enojo era, literalmente, buen negocio.
Durante casi dos décadas, las acusaciones contra Meta siguieron dos libretos: monopolio (compra de Instagram y WhatsApp) e interferencia electoral (Cambridge Analytica, 87 millones de usuarios, multas por 5.000 millones en EEUU). Sin embargo, para temas relacionados con sus contenido y uso, la defensa exitosa fue “somos una plataforma, no un editor, respetamos la libertad de expresión”, amparada en la Section 230.
“Las autoridades han estado detrás de Meta por más de una década, pero cada acción llegó como reacción a un escándalo desde la esfera judicial, nunca como marco preventivo, desde lo legislativo”.
La novedad de esta acusación, en el juicio y acuerdo, fue el ángulo de ataque, este no se centró en el contenido, sino que en el diseño de un producto deliberadamente adictivo: notificaciones, scroll infinito, y métricas de “me gusta”, acompañado del conocimiento del daño e inacción al respecto.
El acuerdo, además, tiene una jugada regulatoria interesante: de los 17 mil millones, solo 12 mil están garantizados; los 5.000 millones restantes se liberan solo si YouTube y TikTok adoptan las mismas restricciones (que se endurecen si se suman) —límite diario de una hora, pausas obligatorias, bloqueo nocturno, verificación de edad— y pagan un monto equivalente. Curiosamente, Meta logró convertir su castigo en presión sobre sus competidores.
La pregunta de fondo no es si las redes sociales son malas per se, sino si el daño que provocan ameritaba regulación diez o quince años atrás. Las autoridades han estado detrás de Meta por más de una década, pero cada acción llegó como reacción a un escándalo desde la esfera judicial, nunca como marco preventivo, desde lo legislativo. El mercado puede que se autorregule, pero es difícil cuando el incentivo está alineado con maximizar tiempo de pantalla. Por lo tanto, “el costo de ajuste” es demasiado alto; la salud mental de la sociedad.
Solo queda preguntarnos si haremos algo al respecto en nuestro país, o esperemos el próximo escándalo.
