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Alto contraste
A cuatro años del aplastante triunfo del Rechazo al delirio constitucional de la izquierda, la derecha aún no calibra su magnitud y profundidad. La mayoría lo reduce al rechazo a las ideas radicales de una izquierda identitaria, como si la victoria se explicara solo por el rechazo a las ideas del otro, más que por la defensa de las propias. Pero poco se ha hablado de las ideas que se defendieron y que ese 4 de septiembre fueron refrendadas.
Para algunos fue la igualdad ante la ley, ratificando que en Chile no hay grupos privilegiados. Para otros, la propiedad privada y la libre iniciativa. Para otros, la libertad de pensamiento y el rol insustituible de la familia en la educación de los hijos.
Esa fue la tragedia de la Convención: amenazó simultáneamente tantos principios fundamentales que logró unir, bajo una misma causa, las distintas visiones que existen sobre la persona, la sociedad y el Estado.
“El Rechazo no fue solo un No. Fue un Sí enorme a una idea de Chile”.
Pero el Rechazo no fue solo un No. Fue un Sí enorme a una idea de Chile.
¿Cuál es ese mínimo común denominador? La defensa de la dignidad humana como principio rector —como valor metajurídico diría Cumplido— de la sociedad chilena.
La Convención quiso fundar un país desde el privilegio, la colectivización y la fragmentación. La nación le contestó desde su acervo antropológico común: la dignidad humana, fuente de la libertad e igualdad de todas las personas.
La dignidad implica que cada persona, por el solo hecho de ser tal, goza de derechos que el Estado no concede, sino que reconoce y ampara. En lógica kantiana, que la persona es un fin en sí mismo y no puede ser instrumentalizada, por loable que sea el fin que se pretende.
Ese acervo ha resurgido con fuerza a raíz del proyecto de reforma constitucional del Gobierno, logrando unir a un amplio espectro en aras de la protección de esa dignidad.
Nadie duda que el proyecto político del gobierno del presidente Kast se asienta sobre la dignidad humana. De ahí su ofensiva contra la maternidad subrogada y su impulso decidido a la construcción de cárceles que permitan cumplir las penas en condiciones que hagan posible la rehabilitación. Y de ahí que sus partidarios fueran grandes defensores de la dignidad humana en el proceso constitucional que terminó en el rechazo de una propuesta que, entre otras cosas, rebajaba a las personas al nivel de la naturaleza, a la que hacía sujeto de derechos.
Pero cierta irreflexión jurídica y el apuro por llenar la agenda política ha significado el más inesperado traspié de esta administración, con su reforma en materia de seguridad.
¿Qué pide el país para avanzar en una materia cuya trascendencia es unánime? Tres cosas que emanan de esa dignidad, y que el Gobierno, estoy seguro, comparte.
Primero, que, si bien el Derecho Penal defiende derechos fundamentales afectando derechos fundamentales, esa afectación tiene reglas inquebrantables: por indigno que haya sido el comportamiento del condenado, no lo priva de su dignidad.
Segundo, que en un Estado de Derecho basado en la dignidad de la persona la pena esencialmente debe tener por fin la rehabilitación social, como lo establecen los tratados de derechos humanos ratificados por Chile. También respecto de los condenados el Estado debe procurar crear las condiciones sociales que permitan su mayor realización material y espiritual posible, no siendo posible extender sanciones que privan de derechos garantizados por la Constitución, impidiendo su rehabilitación y su realización como personas.
Tercero, que toda limitación de derechos sea por el tiempo estrictamente necesario, proporcionada a la emergencia y siempre sujeta al control de otro Poder del Estado, garantizando un sistema de contrapesos que evite la instrumentalización política.
Esas son las condiciones para el gran acuerdo nacional sobre seguridad que Chile espera.
La buena noticia es que quienes antes relativizaban la dignidad humana, hoy la esbozan como argumentos que llevaron al rechazo de su propuesta constitucional. Ese es el triunfo del Gobierno y de la derecha. La derrota, circunstancial y que puede ser objeto de rectificaciones en la tramitación legislativa, es la irreflexión política sobre su triunfo, que lleva a que su propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad no tiene respaldo para prosperar por las mismas razones que defendió con éxito en el pasado.
