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Alto contraste
Algunas discusiones parlamentarias han evidenciado una incomodidad transversal con la forma en que se legisla. El caso más claro es la reforma constitucional en seguridad, donde incluso el oficialismo ha cuestionado la falta de trabajo prelegislativo.
Sin mayorías propias en ambas cámaras, el Ejecutivo depende de su capacidad política para articular sus iniciativas, pero la relación con el Congreso no parece especialmente fluida. Quizás por ello se está confundiendo urgencia con buena técnica legislativa pues, aunque el Ejecutivo apure una iniciativa, corresponde al Congreso discutirla. Lo preocupante es cuando se combinan urgencias con una deliberación parlamentaria débil, pues terminamos aprobando rápido sin aprovechar todo el potencial de la discusión legislativa.
La ampliación del subsidio a la tasa hipotecaria y FOGAES es un buen ejemplo. Su discusión tomó prácticamente una semana y se aprobó sin detenerse en opciones de focalización, en quiénes realmente podían recibir el beneficio, en sus efectos distributivos o en cuánto respondía a un problema de acceso y cuánto a la necesidad de reactivar el mercado y absorber viviendas terminadas. Así, terminó más como una medida pro inversión -lo que es legítimo- que pro tenencia; irónicamente, el gobierno y diversos parlamentarios celebraron lo segundo. Si se hubiera discutido algunas semanas, ese equilibrio podría haberse corregido con facilidad, sobre todo si todavía existían subsidios disponibles y difícilmente un mes habría cambiado el destino del sector.
“Legislar rápido sirve de poco cuando después descubrimos que las preguntas importantes nunca se hicieron”.
Algo similar ocurre con la denominada Ley del Mono. Facilitar la regularización de viviendas existentes puede ser razonable, especialmente para hogares que llevan años en una situación irregular. Pero la discusión parece concentrarse nuevamente en ampliar excepciones y aumentar el universo de beneficiarios, sin detenerse lo suficiente en qué normas pueden flexibilizarse y cuáles deberían seguir cumpliéndose.
Diversas disposiciones urbanísticas no existen solamente para prevenir incendios, sino también para regular condiciones de iluminación, ventilación, privacidad y los efectos que una construcción genera sobre sus vecinos. Regularizar no debería asumir que todas esas exigencias son prescindibles, como se plantea y aprobó con amplio apoyo en la Cámara de Diputados. Más aún, dado que no es la primera vez que recurrimos a este mecanismo, su renovación periódica también envía un mensaje hacia la informalidad.
Con todo, es necesario distinguir entre urgencia y celeridad. Hay casos que requieren respuestas inmediatas y proyectos simples que pueden tramitarse rápidamente. El FOGAES, en cambio, podía esperar algunas semanas, y la Ley del Mono puede discutirse algunos meses más sin que cambie sustancialmente la realidad de viviendas que llevan años sin regularizar.
La velocidad puede ser una virtud política y la profundidad debe serlo en el mundo parlamentario. El tiempo, por sí solo, no garantiza una buena ley, hace falta voluntad de aprovecharlo, y si esa voluntad no viene del Ejecutivo -muchas veces concentrado en reunir votos-, debe venir de los propios parlamentarios. Legislar rápido sirve de poco cuando después descubrimos que las preguntas importantes nunca se hicieron.
