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Alto contrasteCon urgencia simple acaba de ingresar a trámite legislativo el proyecto de ley de fortalecimiento del sistema de defensa de libre competencia. La iniciativa, que contempla potenciar las atribuciones de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para investigar y recabar antecedentes y multiplicar la escala de sanciones y multas, cuenta entre sus contenidos más llamativos y polémicos la reposición de penas criminales, con encarcelamiento efectivo.
En efecto, y luego de doce años desde su eliminación, con la iniciativa enviada al Congreso se busca reponer penas privativas de libertad en casos en que se compruebe la existencia de acuerdos para la fijación de precios, repartición de cuotas de mercado, limitación de la producción o concertación para hacer fracasar procesos de licitación pública, todas prácticas calificadas gravemente atentatorias contra la libre competencia.
Como se dijo, esta propuesta ha sido la más polémica dentro del proyecto debido tanto a que se trata de una norma que fundadamente se decidió derogar hace unos años, como porque no pocos especialistas dudan de su pertinencia y efectividad. Lo anterior, estiman los expertos, porque una efectiva persecución a los carteles y la colusión no pasa necesariamente por la amenaza de cárcel, sino que podría tener más que ver con adecuados incentivos a la delación compensada, como ha quedado en evidencia en el pasado. Si bien se trata de un tema debatible, lo que está en la balanza es un adecuado equilibrio entre el castigo a la infracción y el desmantelamiento efectivo y oportuno de estas graves prácticas anti mercado, de alto costo económico y social.
