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Alto contrasteChile bajo el Escudo de las Américas
En el marco de la 81ª Asamblea General de la ONU, Chile confirmó su adhesión al Escudo de las Américas, coalición contra el crimen organizado impulsada por Donald Trump que agrupa a 15 países del continente. El anuncio marcó el paso de Chile desde la condición de observador a miembro pleno. La decisión de integrarse al bloque se justifica desde la perspectiva de la seguridad nacional, toda vez que lo que nació como una iniciativa de defensa militar se ha ido transformando en una estrategia de seguridad económica regional.
El lenguaje del bloque ha sido consistente con los acuerdos comerciales y de seguridad que ha estado negociando EEUU en sus diferentes Acuerdos de Comercio Recíproco. Estos marcos bilaterales ya no solo abarcan el plano de la seguridad, sino que también condicionan áreas estratégicas como el investment screening (control de inversiones extranjeras), la exigencia de trusted vendors (proveedores confiables) para el desarrollo de la infraestructura digital, y el control sobre la explotación de minerales críticos como el litio.
Bajo esta lógica, la coordinación de inteligencia o “intercambio de información” -como lo llamó el ministro de Seguridad, Martín Arrau- se convierte en un activo del cual el país difícilmente podía marginarse. Sin embargo, esta alianza exigirá establecer límites claros para salvaguardar la soberanía nacional y las garantías de los ciudadanos; un cometido que el Ejecutivo ya se ha encargado de ejecutar para evitar que el acuerdo condicione las políticas económicas locales.
Lo que nació como una iniciativa de defensa militar se ha ido transformando en una estrategia de seguridad económica regional.
En la declaración conjunta emitida esta semana por EEUU, Washington concitó el debate al incluir la intención de invocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), vigente desde 1947, cuyo artículo 6 habilita una acción colectiva cuando la integridad territorial de un país se vea amenazada. Esta es una vía que podría escalar hacia el artículo 3 del mismo tratado, el cual establece la obligación de defensa mutua con eventual asistencia militar. No obstante, el comunicado oficial difundido por la Cancillería chilena se adelantó a desestimar por completo tal posibilidad, descartando de plano la eventual presencia de fuerzas extranjeras en territorio nacional.
En el plano multilateral, la presión de EEUU ya se había hecho sentir desde agosto, cuando instó a la región a abandonar la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, frente a este requerimiento, la Cancillería chilena ha sido tajante al asegurar que dicha membresía “no estará en juego”. A esta tensión diplomática se sumó el factor presupuestario en la Conferencia de Cusco, donde el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, lanzó una dura advertencia: la Casa Blanca no tolerará aliados financieros rezagados y exigirá un gasto militar mínimo del 1% del PIB. Chile ya supera holgadamente ese indicador, registrando un 1,52% del PIB según el informe SIPRI de 2025. Pese a la holgura de la cifra, el ministro de Defensa, Fernando Barros, marcó una línea clara al acotar la cooperación dentro del Escudo estrictamente al intercambio tecnológico y de información, cerrando la puerta a comprometer nuevos recursos fiscales.
Con todo, sumarse a esta iniciativa no constituía una alternativa. Ante la incorporación de Perú y la adhesión previa de otros trece países, la autoexclusión habría aislado a Chile de su mayor red de coordinación fronteriza, así como de las definiciones clave en materia de seguridad económica e infraestructura estratégica. Y si bien la cooperación multilateral es indispensable, este escudo debe actuar de forma regulada y recíproca, y no como un cheque en blanco que comprometa la entrega de datos estratégicos, la autonomía de las instituciones locales o las facultades del país en el desarrollo de sus sectores económicos clave.
