En el Día Mundial del Medio Ambiente, el Presidente de la República, Gabriel Boric, y la Ministra del Medio Ambiente (MMA), Maisa Rojas, entregaron detalles de la nueva Ley Marco de Cambio Climático, la que fue aprobada en marzo pasado en la administración anterior y promulgada hace poco más de una semana, por el Gobierno, la que establece la lucha contra el cambio climático como una política de Estado y define los mecanismos que utilizará el país para enfrentar este fenómeno.
El Presidente Gabriel Boric señaló que “lo que establece la ley es cumplir la meta de carbono neutralidad al 2050, pero además establece otra cosa que es que cada cinco años esto se revise. Yo espero que logremos reducirlo y que lleguemos a la meta antes de 2050. Por lo tanto, no nos relajemos”, dijo en un comunicado de prensa,
El mandatario agregó que “no tenemos tiempo que perder, no estamos hablando del futuro, no estamos haciendo un acto de generosidad a las generaciones que vendrán, estamos hablando de nuestra propia supervivencia (…) esto requiere una profunda transformación de Estado, hacer las cosas de otra forma y dejar de considerar lo medioambiental como un eje sectorial y transversalizarlo en todas las políticas públicas del Estado chileno”.
La ministra Rojas sostuvo que “para afrontar la crisis climática y ecológica, hoy marcamos el inicio de la implementación de esta importante ley en nuestro país que va en línea con ser el primer gobierno ecologista de Chile, en donde desde el Ministerio aportamos con nuestra visión para crear un nuevo modelo de desarrollo para el país”.
Explicó que la pérdida acelerada de biodiversidad, eventos meteorológicos extremos –como aluviones, las olas de calor y de frío, sequías o tormentas-, la acidificación de los océanos y el derretimiento de los glaciares, entre otros, “dan cuenta de que la crisis climática que estamos experimentando es, sin duda, la mayor amenaza y desafío ambiental de nuestros tiempos”.
Nueva ley
La Ley Marco de Cambio Climático -que será publicada en el Diario Oficial en los próximos días- establece como meta que el país sea carbono neutral y resiliente al clima a más tardar el 2050. “Significa cambiar la forma en que nos transportamos, alimentamos, vestimos y producimos energía, al mismo tiempo que nos adaptamos a la sequía o a las islas de calor, que cada vez se intensificarán en nuestras ciudades”, explicó la ministra Rojas.
Para conseguir la meta propuesta, la ley establece facultades y obligaciones a nivel central y también a nivel regional y local. Así, involucra y obliga a acciones concretas para enfrentar al cambio climático a 17 ministerios, los gobiernos regionales y a todas las municipalidades de Chile.
“Gracias a esta ley, la política ambiental será un tema de Estado: no sólo realizado por el Ministerio que me toca presidir, sino que en colaboración con una gran mayoría de servicios públicos”, dijo la ministra. Y agregó que prueba de ello es que este gobierno avanzará en políticas específicas de lucha contra la crisis climática, “que aunque usualmente no las pensamos como políticas ambientales, son totalmente coherentes con la acción climática como el transporte por trenes o la aislación térmica de viviendas”.
La ley también reconoce la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus sigla en inglés), que contiene los compromisos ambientales que Chile asumió ante las Naciones Unidas (ONU) y la comunidad internacional en mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco del Acuerdo de París, que busca limitar el calentamiento global a un máximo 1,5° grados Celsius en comparación con la era pre industrial.
Además establece la Estrategia Climática a Largo Plazo (ECLP), hoja de ruta que detalla cómo el país cumplirá sus compromisos, a través de acciones concretas, considerando un horizonte de 30 años. En esa línea, la ley obliga la elaboración planes sectoriales de mitigación y adaptación con medidas y acciones concretas para cumplir estas metas.
La regulación mandata el desarrollo de Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuenca para las 101 cuencas del país. Además, se incorporan obligaciones concretas para Hacienda instaurando la obligación por parte del Estado de reportar todos los años la inversión pública climática; y también que las Instituciones Financieras deben declarar anualmente los impactos y riesgos climáticos de sus proyectos de inversión privada.
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