La Contraloría General de la República detectó irregularidades en el gasto de más de $ 100 millones del Gobierno Regional (GORE) del Biobío, atribuibles a viajes nacionales e internacionales realizados por autoridades, funcionarios y consejeros regionales entre 2022 y 2024.
Además de la suma objetada, el organismo exigió al GORE que dentro de los próximos 15 días hábiles, acredite otros $ 98,6 millones gastados en cometidos financiados con fondos fiscales.
Desembolsos sin respaldo
Tras una investigación, el ente contralor identificó múltiples desembolsos sin respaldo. La auditoría comprobó que el GORE autorizó la salida de funcionarios al extranjero para acompañar al entonces Gobernador Regional, Rodrigo Díaz, “sin contar con una habilitación legal expresa, ni con las autorizaciones excepcionales exigidas por la normativa”.
La revisión arrojó gastos asociados a actividades que nunca se concretaron, así como la participación de terceros sin pertinencia técnica. En su informe, detalla que detectó viajes “cuyos antecedentes no permitieron justificar adecuadamente su necesidad institucional ni acreditar su relación con las funciones de quienes participaron”.
Es el caso de la autorización de una comisión de servicio para que la entonces jefa de la División de Presupuesto e Inversión Regional, Sandra Ibáñez, participara en la Convención Seatrade Cruise Global 2023, en Fort Lauderdale (EEUU), “fundamentando dicha designación principalmente en su calidad de vicepresidenta del directorio de la Empresa Portuaria Talcahuano San Vicente”, la Contraloría advierte que “no se acreditó suficientemente que la actividad se vinculara con las funciones propias del cargo desempeñado en el Gobierno Regional ni que la comisión respondiera a razones de interés público debidamente justificadas en los términos exigidos por la normativa vigente”.
Compras de pasajes
Además de la suma objetada, el organismo exigió al GORE que dentro de los próximos 15 días hábiles, acredite otros $ 98,6 millones gastados en cometidos financiados con fondos fiscales de los cuales “no fue posible acreditar suficientemente los resultados, aportes o beneficios institucionales”.
La investigación constató “deficiencias administrativas” en la compra de pasajes aéreos. Así por ejemplo, se verificaron adquisiciones sin la anticipación requerida, emisión tardía de órdenes de compra y falta de respaldos para justificar la elección de ciertos vuelos. Ante este escenario, la Contraloría ordenó a la repartición “resguardar los principios de eficiencia, eficacia y economía en el uso de recursos públicos”.