La Cámara de la Producción y del Comercio (CPC) Biobío advirtió a la Comisión de Obras Públicas del Senado que el actual diseño del Proyecto de Ley de Autocontrol de Pesaje generará ineficiencias, aumentará la congestión operacional y elevará las tarifas de los fletes.
A través de su Comité de Infraestructura y Logística, la multigremial proyecta que la normativa afectará severamente el desempeño de cuatro motores económicos de la macrozona sur: la industria portuaria, el sector forestal, el transporte de carga y la agricultura.
¿Qué dice el proyecto?
La Ley de Autocontrol de Pesaje es una iniciativa legislativa que busca establecer la obligación de que las empresas generadoras de carga controlen el peso de los camiones antes de que estos circulen por las carreteras. Su principal objetivo es evitar que los vehículos de carga excedan los límites máximos de peso establecidos por la normativa, para proteger la infraestructura vial, especialmente pavimentos y puentes, y mejorar la seguridad del transporte.
La principal novedad es que traslada parte de la responsabilidad del control de peso a las empresas que originan o despachan la carga, en lugar de dejarla exclusivamente en manos de los transportistas y de la fiscalización estatal.
Gremio en alerta
Mediante un documento formal remitido a la presidenta de la Comisión, la senadora María José Gatica, el gremio planteó que, considerando las condiciones que actualmente afectan a la cadena logística, como el deterioro de las rutas, la falta de infraestructura de pesaje instalada en los terminales y una reducción sostenida de los viajes del transporte de carga, trasladar la responsabilidad del control del tonelaje a los nodos de destino, como puertos y centros de transferencia, solo aumentará las ineficiencias.
El presidente de la CPC Biobío, Álvaro Ananías, precisó que si bien el sector productivo respalda la protección de la infraestructura vial, la redacción de la normativa erró el foco operativo. “Exigir pesajes certificados en puntos de destino que no cuentan con la infraestructura adecuada sólo provocará un cuello de botella operacional y una presión para la logística del sur de Chile, sin solucionar el problema de fondo”, aseveró.
La propuesta del gremio
La multigremial propone rediseñar la iniciativa para concentrar los esfuerzos de fiscalización en el origen y en la ruta, donde se concentra una evasión cercana al 11%.
Adicionalmente, planteó establecer la interoperabilidad estatal mediante un registro unificado entre los ministerios de Obras Públicas y Transportes, el Servicio de Impuestos Internos y Aduanas, para evitar la duplicidad de trámites y agilizar las inspecciones.
Junto con eso propuso establecer mecanismos digitales de trazabilidad para orígenes de carácter móvil o temporal, como las faenas forestales, donde la instalación de básculas fijas certificadas resulta inviable.
El gremio también solicitó ajustar el marco de responsabilidades legales para que, quien genera la carga, responda por el peso. “Compartimos el objetivo de cuidar las carreteras, pero este proyecto aplica fiscalizaciones ineficientes mientras deja libre a quien evade. Tal como está, el costo lo pagarán el transporte, los puertos, el campo y el empleo del Biobío".
Según el gremio, estos factores se traducirán en un aumento de las tarifas y una pérdida de competitividad de la cadena logística de las regiones.
"Llamamos a los parlamentarios a no legislar de espaldas a las regiones y corregirlo antes de que sea tarde”, concluyó Ananías.
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