Un paso decisivo en sede penal dará la investigación que pesa sobre la importadora de vehículos Automotora HDR, empresa que operaba con oficinas comerciales en el centro de Concepción.
El Juzgado de Garantía de la ciudad fijó para el 17 de noviembre la audiencia de formalización de la investigación contra el propietario y representante legal de la firma, Reinaldo Lara, a quien el Ministerio Público formulará cargos por el delito de estafa reiterada por un monto que bordea los $ 300 millones.
La causa, encabezada por la Fiscalía Local de Concepción en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI), concentra a la fecha 32 denuncias formales.
De acuerdo con las pesquisas, el modelo comercial que ofrecía la automotora consistía en la importación directa de vehículos desde Corea del Sur a valores convenientes, utilizando como principal mecanismo de venta las franquicias tributarias de la Ley N° 20.422, normativa legal que otorga beneficios arancelarios a personas con discapacidad para la internación de automóviles adaptados.
Bajo esa promesa, los clientes desembolsaron pagos en efectivo y transferencias bancarias directas que fluctuaban entre los $10 millones y $14 millones por unidad. No obstante, los plazos de entrega comprometidos, que inicialmente se pactaban en tres meses, terminaron superando el año de retraso sin que los vehículos arribaran ni se restituyeran los fondos a los compradores.
Escalamiento del conflicto y cautelares
El conflicto estalló públicamente a comienzos de 2025 tras las primeras denuncias ingresadas a la dirección regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y el Sernac. Ante la falta de respuestas y el cierre de las dependencias físicas que la automotora mantenía en calle Manuel Bulnes, en la capital penquista, las familias afectadas se organizaron para interponer querellas criminales y solicitar celeridad al persecutor Rodrigo Bascuñán.
Tras el peritaje de la Bridec, el Ministerio Público formó convicción jurídica para avanzar en la imputación formal. Desde la parte querellante ya adelantaron que durante la audiencia del 17 de noviembre solicitarán la medida cautelar de prisión preventiva para Lara, apelando a la reiteración del delito y al daño patrimonial ocasionado.
La postura de la defensa
En declaraciones emitidas en noviembre de 2025, Lara y su defensa, encabezada por el abogado Alejandro Elgueta, descartaron la existencia de una estafa premeditada, atribuyendo el retraso a un efecto dominó originado por modificaciones en normativas aduaneras.
En dicha oportunidad, el empresario sostuvo además que la judicialización y la exposición pública de los reclamos mermaron su liquidez operativa, impidiéndole cumplir con las internaciones pendientes o la restitución de los dineros.
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