El sector agrícola chileno se prepara para una nueva temporada de cosecha, un proceso que anualmente demanda la contratación de estimada en más de 600 mil trabajadores, según datos de Odepa, para el periodo entre noviembre y abril.
Sin embargo, los cambios demográficos en los sectores rurales y la propia demanda de la faena son algunos de los factores que han llevado a la industria a tener una menor disponibilidad de mano de obra para la recolección, que la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) cifra en 300 mil vacancias.
El sector ha solicitado reiteradamente que para suplir ese déficit, se flexibilice el acceso a contratación de trabajadores migrantes, ampliando no sólo el período de permanencia en el país, sino también el porcentaje de personas por empresa, que hoy es de 15% de la fuerza laboral total.
El sector agrícola aporta un 6,4% al PIB, cifra que, según el subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, “bordea sobre el 12%, respecto a un 6,4% que es el peak propio del sector agrícola” y que es el resultado de las actividades comerciales que se generan en torno a la industria.
Tramitación de permisos
El Ministerio de Agricultura y el Servicio Nacional de Migraciones, han intensificado las gestiones, agilizando los procesos de tramitación de permisos para que extranjeros puedan ingresar al país con fines laborales en el agro, manteniendo la formalidad del empleo migrante.
El subsecretario Venezian explicó que para la temporada 2026 – 2027 “se agilizaron los tiempos de entrega de los permisos de trabajo, que se van a acotar a 15 días”, adelantando que a “para la próxima temporada (2027 – 2028), Migraciones está trabajando en ampliar el plazo de seis meses a 10 meses de permanencia de estos trabajadores que vienen por temporada agrícola”.
Bolivia es el principal país de origen de los extranjeros que llegan a Chile para el trabajo de cosechas. Al respecto, precisó que “para el convenio con los trabajadores de Bolivia, este trámite no tiene costo económico y sólo exige la presentación de los certificados de antecedentes”.
Desde la SNA, su presidente, Antonio Walker, destacó las gestiones que se realizan en esta materia. “Se está modificando el Decreto 177, que crea una subcategoría para el trabajador agrícola, de tal forma de poder tener una visa de trabajo otorgada en forma más ágil, más eficiente, más expedita”, detalló, justificando que la contratación de fuerza laboral extranjera es una respuesta estandarizada a nivel global en naciones exportadoras. “Esto ha pasado en todas partes del mundo, en Australia, en Nueva Zelanda, en Estados Unidos. Los peaks agrícolas los absorben trabajadores inmigrantes”, concluyó.
Cambios demográficos
Para Walker el escenario migratorio para el trabajo agrícola radica en la distribución demográfica y el envejecimiento de la población rural frente a un sector en expansión. Según datos del gremio, la agricultura creció 9% durante 2024 y experimentó un alza superior a 6% en 2025.
Explicó además que hoy el país enfrenta una paradoja, pues registra una tasa de cesantía nacional de 9,5%. “¿Por qué (contratar) trabajadores inmigrantes? Lo que ocurre es que en las 263 comunas rurales de Chile vive 26% de la población y los jóvenes han migrado a las ciudades (…) entonces hay gente de mayor edad que no puede hacer un esfuerzo físico como trabajar en el campo”, argumentó.
Para dimensionar el déficit, el dirigente precisó que, por ejemplo, "tenemos una cosecha de cereza que ocupa 250 mil personas y no tenemos la fuerza laboral nacional para absorber esa cosecha. Por eso, los inmigrantes son un complemento para absorber esas labores en el peak de la agricultura”.
El subsecretario de Agricultura, coincidió con ese diagnóstico, apuntando además al cambio cultural y a la desinformación de las nuevas generaciones respecto a la modernización de la industria. “Hoy día nosotros tenemos gente joven, nacionales, que lamentablemente prefieren trabajar en las ciudades, incluso remunerando menos que en el sector agrícola, pero con otro tipo de actividad”.
Frente a esto, Venezian insistió en que “mientras no mostremos lo relevante que es, hoy día, volver a la actividad agrícola por la tecnología, innovación, nuevas formas de automatización que existen en la actividad, obviamente los jóvenes no se reencantarán con esta actividad”, sostuvo.
Empleo formal
En términos de remuneraciones, el subsecretario Venezian fue enfático en desmitificar la supuesta precariedad salarial de la industria. “Los trabajadores pueden ganar perfectamente, hasta $ 200 mil diarios en plena temporada”, reveló y que en el caso un extranjero boliviano, el salario de la faena agrícola se equipara "al sueldo de un médico en Bolivia, ese es el sueldo que gana acá en Chile, y viene para juntar plata, ahorrar y mandarla a Bolivia”.
Frente a la percepción de que la contratación de extranjeros busca abaratar costos operacionales, Antonio Walker fue categórico en rebatir esa premisa, que está ligada a la formalización de las contrataciones. “La mano de obra barata es la mano de obra informal y no se hace distinción (entre chilenos y extranjeros) en los pagos porque en el campo se trabaja a trato, hay un valor por kilo cosechado. Nosotros queremos mano de obra formal, que llegue a Chile con una visa de trabajo”.
Finalmente, respecto a las externalidades negativas de la intermediación laboral y el riesgo de informalidad a través de contratistas, Venezian insistió en que “todo contratista está obligado a estar registrado en la Dirección del Trabajo” y que los empresarios agrícolas pueden exigir el certificado F30-1 para verificar el historial del contratista.
“El agricultor, cuando va a operar a través de un contratista, éste tiene que cumplir todas las normas laborales que cumple el mismo agricultor (...) no eximiendo al agricultor si es que no fiscaliza que ese contratista cumpla con todas las condiciones laborales”, explicó y añadió que el personal extranjero debe tener los permisos al día, “no puede existir un permiso en trámite”, puntualizó.
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