El impacto económico y operacional de la sustracción del tendido eléctrico y sus consecuencias en el suministro, activó la articulación de la segunda Mesa de Robo de Cables en la Región del Maule. La zona es la que, de acuerdo a las estadísticas de la Compañía General de Electricidad (CGE), registra la mayor cantidad de casos reportados a nivel nacional por este delito.
Entre enero de 2025 y junio de 2026, CGE reportó la ocurrencia de 622 casos asociados al hurto de energía, siendo las áreas urbanas de las comunas de Curicó y Talca las que ostentan el récord regional. La situación motivó a la distribuidora a presentar en agosto más de 1.300 querellas a nivel nacional.
La mesa de Maule congregó al Gobierno local, las policías, y a las empresas de distribución y transmisión para abordar problemáticas detectadas que afectan la continuidad del suministro eléctrico, como la sustracción de cables y las conexiones clandestinas. El objetivo es establecer un trabajo coordinado que entregue respuestas conjuntas.
El seremi de Energía en Maule, Carlos Muena, remarcó que “seguiremos trabajando articuladamente entre el sector público y privado para evitar que estos hechos perjudiquen la calidad de vida de los maulinos”, pues el robo y las conexiones irregulares junto con alterar la distribución, puede causar accidentes fatales para quienes cometen los delitos.
Desde las distribuidoras, el gerente zonal de CGE en Maule, Rodolfo Gutiérrez, destacó que el trabajo de la mesa “nos permite dar cuenta del impacto que tiene el robo de cables en la continuidad y calidad del suministro eléctrico, en todas las empresas que conforman el negocio” y articula la prevención, persecución y castigo de este tipo de delitos.
Gutiérrez agregó que desde la compañía “continuaremos realizando las denuncias, siguiendo los protocolos que establece la normativa legal y proveyendo de información requerida las instituciones para aportar a la persecución de las bandas delictuales que cometen estos hechos”.
Como resultado de las acciones judiciales emprendidas por CGE, 161 personas han sido imputadas y se han cursado 46 resoluciones judiciales favorables.