Tras la restitución de los terrenos no expropiados en el desalojo de la megatoma de Cerro Centinela, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio volvió a tensionar la relación con el Estado. La empresa afirmó que recuperar ese paño es solo un avance parcial, pues mantiene una reclamación judicial contra el Serviu de Valparaíso por la expropiación de parte de la propiedad y pide la restitución de la totalidad del terreno.
La empresa es propietaria de los terrenos ocupados desde 2019 y cuestiona tanto el alcance como el precio fijado en la expropiación. A su juicio, la adquisición parcial dejó remanentes divididos y sin una alternativa clara de aprovechamiento económico, por lo que busca que el Estado incorpore las más de 215 hectáreas que conforman el predio.
En diciembre de 2025, el Gobierno publicó el decreto que autorizó la expropiación de 1.105.953,95 metros cuadrados (m2), equivalentes a poco más de 110 hectáreas, para ejecutar el Plan Habitacional Cerro Centinela. La iniciativa apuntaba a dar una solución habitacional a parte de las familias que residían en el campamento, que reunía entonces a 10.251 personas y más de 4.100 hogares.
Desalojo y restitución
El desalojo se originó en una resolución de la Corte de Apelaciones de Valparaíso de junio de 2023, ratificada por la Corte Suprema en marzo de 2024, que ordenó el desalojo de los terrenos ocupados.
El último balance entregado por la Subsecretaría del Interior, el 13 de agosto, indicó que el operativo permitió recuperar 98,4 hectáreas en dos etapas. La segunda, desarrollada entre julio y agosto, consideró el desalojo de 1.225 sitios y el desarme de 853 techos.
La autoridad informó además que el proceso incluyó la habilitación de albergues, coordinación para el traslado de enseres, atención veterinaria y medidas de continuidad educativa para niños y niñas. Tras el término de la operación, comenzaron trabajos de excavación de zanjas y cierre perimetral para prevenir nuevas ocupaciones.
El abogado representante legal de Inmobiliaria y Constructora San Antonio, Diego Pereira Fonfach, sostuvo que la expropiación parcial afectó patrimonialmente a la compañía. “La empresa pasó de ser víctima del abandono Estatal, a ser víctima del abuso Estatal, pues la expropiación se fijó en un precio que le impone un daño gigantesco, obligándola a financiar programas de vivienda social con su patrimonio”.
Reclamación por la expropiación parcial
La disputa también sigue en tribunales. En enero, la inmobiliaria presentó una reclamación ante el Primer Juzgado de Letras de San Antonio contra el acto expropiatorio del Serviu de Valparaíso.
La empresa solicitó que la expropiación se extienda a la totalidad del predio, al sostener que la adquisición parcial dejó remanentes divididos y de difícil aprovechamiento económico. La acción cuestiona la resolución exenta que materializó la expropiación y busca que se modifique o complemente para incorporar las 215 hectáreas.
Pereira Fonfach afirmó que la restitución del terreno no expropiado no resuelve el conflicto que la firma mantiene con el Estado. “El terreno del Cerro Centinela no puede, ni debe, ser la excepción y por eso la empresa pide al señor presidente cumplir su palabra empeñada en campaña y restituir el terreno íntegramente desalojado, tal como lo estableció la justicia”.
El Minvu, en tanto, ha defendido que la expropiación parcial se justificó por la necesidad de habilitar suelo para el proyecto habitacional y por la imposibilidad de alcanzar un acuerdo de compraventa con los propietarios. La cartera deberá continuar con el diseño y financiamiento de la urbanización de las hectáreas expropiadas, mientras la reclamación de la inmobiliaria sigue su tramitación judicial.