Finalmente, en la tarde de este miércoles se concretó uno de los mayores temores de los senadores que han seguido con atención los derroteros de las votaciones en la Convención Constitucional (CC), luego que el organismo aprobara la eliminación del Senado, reemplazándolo por la Cámara de las Regiones. Determinación que fue rechazada transversalmente desde la UDI al Partido Socialista (PS), pues se pone en tela de juicio los indispensables contrapesos entre los distintos poderes del Estado.
Tras conocer la noticia, el presidente de la Cámara Alta, senador socialista Álvaro Elizalde, reiteró una postura que ya ha planteado con anterioridad, en cuanto a que “la existencia de una cámara que represente a los ciudadanos y, a su vez, una cámara que represente a los territorios es una forma adecuada para que exista un contrapeso que permita que siempre se respeten de manera irrestricta los derechos, como corresponde a toda democracia”.
Sin embargo, añadió que, con lo aprobado por la CC, “cuesta formarse una opinión de fondo”, ya que se han aprobado –a su juicio– retazos de la propuesta original que no son coherentes y con muchas materias que no están debidamente reguladas, pues no se definen las competencias que le corresponderán a las distintas Cámaras y normas sobre su composición no fueron aprobadas.
Por lo que, desde el punto de vista del presidente del Senado, si bien esto es preliminar, “constituye una señal de alerta respecto de la forma como se está llevando adelante este proceso” y lo aprobado “no cumple con el estándar mínimo para tener un adecuado sistema político, conforme corresponde a nuestra democracia”.
Su compañero de bancada, el senador José Miguel Insulza, mucho menos diplomático que su predecesor expresó su preocupación acerca de que con lo aprobado se da cuenta de que “aquí no se está creando ninguna forma de gobierno y me parece muy evidente de que esta Convención Constitucional no tiene una idea clara respecto de la forma de gobierno”.
Segundo fracaso
Según Insulza “este es su segundo fracaso consecutivo”, de la Convención “y ya debería comenzar a preocuparnos”, puesto que se ha rechazado la mayor parte de los artículos. Y descartó que exista una defensa corporativa de la Cámara Alta, más bien –recalcó– que de lo aprobado se desconoce qué forma de gobierno y qué Constitución se le ofrecerá al país. Además, fue enfático en que “el gobierno tiene que decir algo” y especialmente apuntó al ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, de quien espera una actitud más activa, señalando que “no puede simplemente decir que ‘vamos viendo qué es lo que pasa’, como dice habitualmente (…) nosotros queremos saber qué postura va a tener el gobierno” y pidió tratar de llegar a un acuerdo sobre la forma de gobierno.
Mucho más moderado reaccionó el senador DC Matías Walker, quien manifestó su esperanza de que, pese a lo ocurrido, exista posibilidad de llegar a un acuerdo y que “los convencionales de gobierno escuchen al presidente Boric, cuando pide que la nueva Constitución sea un punto de encuentro”.
A su juicio, el que no estén aprobadas las atribuciones de ninguna de las dos cámaras abre una oportunidad para generar un acuerdo, pero fue enfático en que “los representantes de las regiones no pueden perder poder para representar a las regiones” y no se les puede inhibir la posibilidad de discutir sobre los temas que le preocupan a las regiones que representan.
Poder total
En el otro extremo, el senador de la UDI Juan Antonio Coloma aseveró que el gobierno debe estar “contento” con la eliminación del Senado. Ello, porque “se ve clarísimo desde hace varias semanas que los contrapesos le molestan al gobierno”. Y así, como la Convención debilitó el Poder Judicial –añadió–, ahora “ya que les molestaba el Senado, porque estaba 50 y 50, por así decirlo, o ellos no tienen una mayoría en el Senado y no les resultaba cómodo, eligieron eliminarlo”.
A su juicio, tras la aprobación, “uno se da cuenta de que lo que está buscando el gobierno es el poder total”.
Mientras que la jefa de la bancada de senadores RN, Paulina Núñez, afirmó que se trata de “una mala noticia para Chile, es un retroceso en nuestra institucionalidad, un golpe a la democracia y una mala utilización del regionalismo que tanto hemos defendido sin colores políticos en este Congreso Nacional y precisamente en el Senado”.
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