El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, ha definido los primeros 90 días de su virtual administración como claves para implementar parte de su agenda en temas económicos y de seguridad, bajo la premisa de un “Gobierno de emergencia”.
Así, el denominado “Desafío 90”, coordinado por el economista Bernardo Fontaine, considera dentro de sus ejes algunas materias tributarias que serán más apremiantes para el inicio de un potencial mandato, como el recorte del impuesto corporativo desde 27% a un 23%; el crédito impositivo para favorecer la contratación o retención de trabajadores en riesgo de caer en la informalidad, que podría derivar en un recorte de tasa a 20% para algunas empresas; la eliminación del impuesto a las ganancias de capital para operaciones bursátiles líquidas; y el fin de las contribuciones para la primera vivienda, partiendo por los adultos mayores, en un plazo máximo de cuatro años, entre otros puntos.
En el plan de orden fiscal, el Servicio de Impuestos Internos (SII) será clave. En los pasillos del comando de Kast y en Ideas Republicanas -el think tank de la tienda- se está trabajando en cambios importantes al rol del organismo -algunos legales y otros administrativos- para apoyar los esfuerzos de simplificación regulatoria, con foco -dicen- en hacerle la vida más fácil al contribuyente.
El próximo 11 de marzo, la directora (s) del SII, Carolina Saravia, abandonará su puesto, como parte del acuerdo que derivó en la salida del titular anterior, Javier Etcheberry, a mediados de julio. El Gobierno saliente optó por no convocar a un concurso vía Alta Dirección Pública y que la próxima administración definiera la vacante.
Lo central, hasta ahora, será el apoyo técnico del SII en las modificaciones a las contribuciones.
Hoy, el servicio realiza cada cuatro años un proceso para determinar el valor de los bienes raíces habitacionales, basado en la información comercial entregada por entidades externas como notarios y conservadores y transacciones recientes en determinadas áreas, que es procesada internamente. Por ende, es el mismo servicio el que determina las tasaciones y la cuota trimestral que deberá pagar cada contribuyente a partir de dichos insumos.
Frente a ello, el equipo de Kast propone un cambio de paradigma: que la base imponible -sobre la cual se cobra la contribución- sea más bien el costo de adquisición del bien raíz, sujeto a un reajuste anual o semestral por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). A ese valor se le incorporarían las mejoras o construcciones realizadas en el terreno.
El coordinador del equipo tributario de Kast, Rafael Cruzat, explicó a Diario Financiero que esta metodología es más simple de fiscalizar, ya que el SII cuenta con la información de las transferencias de inmuebles de notarios y conservadores a través del formulario 2890; mientras que las mejoras u obras nuevas son informadas por los municipios. Por lo tanto, la determinación del avalúo sería similar a una autodeclaración de impuestos.
Eso sí, Cruzat recalcó que el SII mantendría facultades de fiscalización para tasar una propiedad cuyo valor asignado difiera notoriamente de los valores normales de mercado. En este plano, se analiza reasignar funcionarios de la actual Subdirección de Avaluaciones del servicio.
“En ese nuevo escenario legal, creemos que los funcionarios de la Subdirección de Avaluaciones tendrán una función muy importante en potenciar el rol de fiscalización del SII”, dijo el abogado.
Los otros ejes
En el equipo tributario de Kast aspiran a que el SII tenga un rol más preponderante en la facilitación hacia los contribuyentes, por ejemplo a través de quitar barreras para el inicio de actividades económicas.
También se apuesta por corregir por vía administrativa circulares u oficios que han generado dolores de cabeza a los contribuyentes, como lo relativo a las Reposiciones Administrativas Voluntarias (RAV) o las Revisiones de la Actuación Fiscalizadora (RAF).
Aquí, por ejemplo, se piensa en establecer que no solo se puedan desafiar los errores manifiestos que pueda cometer el SII en desmedro del contribuyente, sino que también incluir el “derecho” del contribuyente a haberse equivocado y rectificar su actuación.
Asimismo, se busca reducir la carga del contribuyente mediante la consolidación y eliminación de declaraciones juradas; clarificar que el trámite de obtención de RUT e inicio de actividades es de carácter meramente informativo, no pudiendo el SII oponerse; y eliminar trabas existentes para la facturación de nuevas empresas y las existentes.
Esto no significa que se busque desmantelar el rol fiscalizador del SII. Más bien, republicanos busca reforzar el control de la economía informal y encargar un estudio internacional de evasión fiscal basado en metodologías estándares para cada tipo de impuesto, de acuerdo a las mejores experiencia de la OCDE.
El grupo de los siete
El equipo tributario de Kast es coordinado por Rafael Cruzat, abogado de la UC, con un máster en Harvard y hoy líder del área tributario del estudio Contreras Velozo.
También lo integran el contador auditor, magíster en Finanzas y en Tributación de la U. de Chile y presidente de la Comisión Tributaria del Colegio de Contadores, Juan Alberto Pizarro; el abogado de la U. de los Andes, magíster de la UC, exconsejero constitucional y socio de EO Consultores Tributarios, Jorge Ossandón Spoerer; el ingeniero comercial, contador auditor e histórico exsocio de PwC, Germán Campos; el ingeniero civil industrial en química de la UC, doctor en Economía por Oxford y exasesor de la campaña presidencial de Mario Desbordes, Germán Vera; el abogado y exjefe de gabinete del SII en la época de Julio Pereira, Gerardo Montes; y el abogado de la UC con un master en la Universidad de Leiden y socio de PCM Abogados, Sebastián Vallebona.
Conocedores de la interna cuentan que de este grupo podría salir el próximo director del SII y el coordinador de Política Tributaria del Ministerio de Hacienda en un virtual Gobierno de Kast.
La hoy directora (s) del SII, Carolina Saravia, abandonará el cargo el próximo 11 de marzo para retomar sus funciones como subdirectora de Fiscalización, en virtud del acuerdo que derivó en la salida del anterior titular, Javier Etcheberry, en julio. El nuevo Gobierno deberá definir si abre un concurso público para el cargo o si designa directamente a un nuevo directivo, aprovechando las 12 “balas de plata” que le permiten designar cargos ADP de manera directa al arribar al Ejecutivo.
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