En diciembre pasado, el Primer Tribunal Ambiental le dio un espolonazo al Gobierno y anuló el rechazo del Comité de Ministros a la iniciativa de Andes Iron -compañía ligada al empresario Carlos Alberto Délano-, restableciendo su Resolución de Calificación Ambiental (RCA). La sentencia del Tribunal fue dura: declaró la resolución ministerial de “ilegal” y acusó que infringía los principios “de imparcialidad y confianza legítima”.
No obstante, el Ejecutivo no se quedó de brazos cruzados. El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), en representación del Comité de Ministros, acudió a la Corte Suprema. El 23 de diciembre, interpuso un recurso de casación que busca invalidar la sentencia y que se dicte una de reemplazo, aludiendo a una serie de vicios del fallo.
En el máximo tribunal, se han hecho parte de la causa organizaciones locales de la comuna de La Higuera (Región de Coquimbo) y la ONG Oceana, entre otros.
Cinco meses después de presentado el recurso de casación, aún no ha sido declarado admisible. Este lunes 19 de mayo, la Tercera Sala del máximo tribunal se reunió para dar cuenta de la admisibilidad. Y la decisión sorprendió a los involucrados en el caso, porque la causa quedó “En Acuerdo”.
¿Qué significa esto? Que los ministros y abogados integrantes ya acordaron una decisión y procederán a escribir una sentencia. De hecho, ya fue designado como su redactor el ministro Jean Pierre Matus.
Las interpretaciones
Si bien hay que subrayar que aún no se conoce el contenido del fallo y hacia dónde está orientada se orienta la decisión de la Corte, entre los abogados del rubro esto se ve como una señal negativa para el Gobierno.
Lo anterior, debido a que usualmente los recursos se declaran admisibles con una simple resolución y, luego, quedan en tabla para una etapa de alegatos y análisis del caso. Solo después de eso, se procede al fallo. Por eso, cinco abogados consultados -que pidieron reserva- estiman que, el hecho de que la causa esté “En Acuerdo” para dictar sentencia, sin haber pasado por todo ese proceso, significa que las casaciones serán declaradas inadmisibles, dándole un portazo al Ejecutivo.
“Oficialmente lo único que uno sabe es que ese día (lunes) la Corte Suprema tomó una decisión respecto de estas casaciones. Dado que no hubo alegatos, lo más probable es que haya una inadmisibilidad”, dice Javier Naranjo, hoy socio de JDF Abogados y exministro del Medio Ambiente en Piñera II.
Naranjo, eso sí, señala que aunque “es muy eventual y poco probable”, la Corte podría casar de oficio, es decir, revertir el fallo del Tribunal Ambiental sin escuchar alegatos. “Eso, si la Corte entendió que había algún vicio y que debe anular la sentencia. Pero eso a nivel teórico. La regla general es que, cuando esto ocurre, deberían ser inadmisibles los recursos”.
Otro abogado especialista en recursos naturales lo resume así: “No hay detalle de lo que se ha resuelto, pero tiene toda la cara de que se declara inadmisible”.
Desde otra vereda, José Domingo Ihlarreborde, socio de E-I Abogados y especialista en derecho procesal y regulación ambiental, explicó que “la Corte Suprema está facultada legalmente para rechazar de inmediato recursos de casación en el fondo, sin proceder a la vista de la causa, en la medida que se cumplan ciertos requisitos especiales: que la opinión unánime de los integrantes de la Sala respectiva sea que el recurso adolece de manifiesta falta de fundamento, y además debe fundarse someramente la resolución por parte de la Sala”.
Sin embargo, planteó como otra alternativa que también cabe la posibilidad de que la casación se rechace en el fondo y se vea la causa solo respecto de los recursos de casación en la forma.
Cabe recordar que el fallo ambiental también está siendo discutido en el Tribunal Constitucional (TC). De hecho, se vería en Sala el martes, pero el recinto debió ser evacuado por fuertes olores a gas y no se pudo avanzar con la audiencia.
El SEA contra Matus
En paralelo al acuerdo de la Tercera Sala, el SEA presentó un escrito a la Corte que busca sacar al ministro Matus de la causa. El Servicio postuló que Matus tiene declarada una causal de inhabilidad con el abogado Marcelo Castillo Sánchez, esta es, “haber el juez recibido de alguna de las partes un beneficio de importancia, que haga presumir empeñada su gratitud”.
Para el SEA, esto es relevante puesto que Castillo ha sido abogado patrocinante del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales Totoralillo en el proceso de reclamación judicial ante el Primer Tribunal Ambiental, que es el que dio origen a la casación actualmente discutida.
El SEA presentó esta solicitud el martes 20 de mayo buscando anular el acuerdo adoptado por la Corte el 19 de mayo. Sin embargo, abogados del sector consideran que debería haberlo hecho antes de que se discutiera la admisibilidad.
“Creo que debieran rechazarla porque entiendo habría sido presentada extemporáneamente después de que ya se había alcanzado el acuerdo, al menos respecto a lo que se puede ver por el orden de las actuaciones en la plataforma del Poder Judicial”, dijo Ihlarreborde.
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