El gobierno de Javier Milei anotó una nueva victoria legislativa, luego de que la Cámara de Diputados aprobara -durante la madrugada del jueves y tras más de 10 horas de debate- la reforma a la ley de preservación de glaciares, con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.
La iniciativa, que ya había sido sancionada por el Senado a fines de febrero, habilita actividades productivas en zonas previamente restringidas para atraer inversiones mineras y generar divisas, en un contexto de restricciones fiscales y de necesidad de ingresos de capital al país.
En concreto, la reforma modifica la ley 16.639 -promulgada en 2010 durante el mandato de Cristina Kirchner- y plantea un nuevo marco con un enfoque más flexible, basado en nuevos criterios de evaluación.
Así, Argentina pasará de un marco normativo que ofrece un resguardo amplio a los glaciares a uno donde solo se protegerá a los considerados como estratégicos o esenciales para el abastecimiento de agua. Adicionalmente, pone fin a la conservación automática de zonas periglaciares, la cual dependerá de estudios técnicos específicos.
Con ello, habilita actividades productivas tanto de carácter minero como hidrocarburíferos, siempre que superen las evaluaciones de impacto ambiental pertinentes.
Las modificaciones impactarán con especial fuerza a las provincias, dado que la reforma permitirá que cada jurisdicción tenga la facultad de definir qué áreas proteger, cuáles habilitar para producción y aprobar los estudios medioambientales correspondientes.
En esa línea, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) -que hasta ahora ocupaba el rol central y científico en la identificación de glaciares-, pasará a uno registral, dejando el control principalmente a las autoridades provinciales.
Según cifras de medios trasandinos, tanto el gobierno nacional como las provincias mineras esperan que se destraben alrededor de US$ 20.000 millones en inversiones.
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Festejo del gobierno
Tras la votación, Milei defendió la reforma y aseguró en un comunicado que “a partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”.
Agregó que “la redacción original era confusa y generaba interpretaciones absurdas que prohibían actividades mineras en general, incluso donde no había nada que proteger”.
Desde el oficialismo, el diputado Alejandro Bonjovanni sostuvo que el proyecto “alcanza un punto de equilibrio entre la tutela ambiental a nivel nacional y el derecho de las provincias a administrar sus recursos naturales”. A su juicio, la iniciativa permitirá impulsar inversiones, generar empleo y fortalecer el ingreso de divisas.
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Rechazo ambientalista
Aunque para el mandatario, el nuevo cuerpo legal “reafirma que el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos”, la reforma ha generado un fuerte rechazo por parte de organizaciones ambientalistas. Incluso, durante la votación se registraron protestas frente al Congreso argentino con consignas como “el agua vale más que el oro” y “los glaciares no se tocan”, frente a lo que consideran una amenaza a las reservas de recursos hídricos.
En ese contexto, se anticipa que diversas fundaciones y ONGs ambientalistas presenten amparos ante tribunales federales para frenar su aplicación y el desarrollo de nuevos proyectos mineros.
Greenpeace aseguró en medios locales que la nueva ley es inconstitucional porque viola el principio de no regresión ambiental reconocido en el Acuerdo de Escazú y en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a un ambiente sano y prohíbe retroceder en los niveles de protección ya alcanzados.
Si bien las organizaciones señalan que futuras concesiones mineras podrían afectar glaciares y sus zonas adyacentes, en Argentina no existe un registro nacional de proyectos mineros en glaciares y periglaciares.
De hecho en 2016 un informe gubernamental admitió la existencia de 44 proyectos mineros -sobre un total de 77- en ambiente periglacial. Desde entonces no hay nuevos datos oficiales, pero se presume que esa cifra es muy superior debido al explosivo crecimiento que ha tenido la minería en el país trasandino.
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