Entidad renovada
- Desde el 1 de enero de este año las autoridades chilenas oficializaron el cambio de la Oficina Nacional de Emergencias (Onemi) por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Todo este cambio se enmarca en la ley N° 21.364, las principales transformaciones estuvieron centradas en crear una nueva y más moderna institucionalidad, lo que llevó a una reestructuración profunda. “Cambiamos de una oficina a un servicio público”, señaló el director nacional (S), Mauricio Tapia.
20%
De los recursos de senapred vienen de privados.
Enfoque integralEl Gobierno indicó en su minuto que “este nuevo organismo busca incorporar todos los avances desarrollados en función de las buenas prácticas y lecciones aprendidas estos últimos años”, en línea con esto, la nueva misión del sistema está enfocada en la prevención y la respuesta ante desastres, planificando, coordinando y ejecutando acciones que preparen tanto las respuestas, como la recuperación ante desastres, esto con la finalidad de aumentar la capacidad de monitoreo para alertar oportunamente a las personas expuestas al desastre. Uno de sus objetivos es la desconcentración territorial.
Factores que motivaron el cambio
El trámite comenzó en 2018, se aprobó en el Congreso en 2021, y fue promulgado en 2022. Las autoridades vieron la necesidad de tener un sistema más integral, que abarque la prevención ante desastres, además de una institución más sólida que fuese obligatoria para los organismos que la conforman y no indicativa, como lo era la Onemi.
Aprendizajes
- El servicio en menos de un año ha atravesado tres grandes desastres: los incendios del verano y los sistemas frontales de junio y de agosto. El balance hasta el momento por parte de las autoridades es positivo y enfatizan que la relación público-privada ha sido fundamental para el control de emergencias.
Público-privado
La relación público-privada en el nuevo sistema es mucho más estrecha y colaborativa que anteriormente. Ahora se incluye la participación de los organismos privados en las diferentes etapas del ciclo de gestión de desastres. Anteriormente, las entidades privadas participaban principlamente en la respuesta y no en la prevención. En el informe de 2023, Senapred señala que las empresas privadas aportaron un total de $ 102 millones a proyectos de prevención y preparación.
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