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Plazos de Fogape y Ley de Pago a 30 días: el último “round” entre la Asech y el Gobierno

Marcos Rivas llamó a pasar “de los dichos a los hechos”. Ministro Grau recogió críticas, pero sobre Fogape planteó “problema de conocimiento del proceso” del dirigente.

Por: Montserrat Toledo | Publicado: Miércoles 9 de noviembre de 2022 a las 09:51 hrs.
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El presidente de Asech, Marcos Rivas, junto al ministro Grau en el marco del lanzamiento del plan invirtamos en Chile a mediados de septiembre.
El presidente de Asech, Marcos Rivas, junto al ministro Grau en el marco del lanzamiento del plan invirtamos en Chile a mediados de septiembre.

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Una “profunda molestia, angustia y también frustración” es lo que, según el presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech), Marcos Rivas, sienten por estos días las pequeñas y medianas empresas. ¿El motivo? Una “falta de prioridad del Gobierno” hacia las demandas del sector, señaló el dirigente, que ejemplificó con dos medidas clave para inyectar liquidez: el Fogape y la Ley de Pago Oportuno.

El titular del gremio -que reúne a 52 mil socios- lamentó que “a nivel de discurso se dice una cosa, pero luego eso no se traduce con sentido de urgencia en la implementación de medidas de apoyo al sector”.

“Nos estamos haciendo cargo de las deudas con el Estado a través del alivio a deuda tributaria”,
destacó Grau.

La entidad alega que el Fogape fue aprobado hace unos 20 días por el Congreso, pero que todavía no ha sido promulgado, y que las modificaciones a la Ley de Pago a 30 días no han ingresado al Legislativo “pese a los reiterados anuncios en este sentido por parte de la cartera de Economía”.

En este cuadro, la Asech llamó al gobierno “a pasar de los dichos a los hechos, demostrando con acciones tangibles que los emprendedores y las PYME somos una prioridad real”. Y, en la misma línea, solicitó poner en práctica “sin más postergaciones ni demoras” estas dos propuestas, que consideran urgentes para emprendedores y PYME.

“Lo que esperamos es mayor correlación entre lo que se dice y lo que se hace”, dijo Rivas, quien lamentó que “aquí ha faltado empatía, sentido de urgencia y celeridad por parte del gobierno para poner en marcha medidas que son fundamentales para inyectar liquidez a miles de micro, pequeñas y medianas empresas que necesitan de nuevos recursos para hacer frente a la actual crisis económica, junto con bajar su carga tributaria y gastos financieros para poder seguir operando”.

La Asech recuerda que presentó una propuesta con siete puntos para modificar la normatica referida a Pago Oportuno, y que el 27 de abril suscribieron un acuerdo con el Gobierno, para priorizar la modificación de la ley.

Los otros gremios

La presidenta de Unapyme, Gianina Figueroa, planteó que sobre el Fogape “más que hacer un llamado al Gobierno, hay que hacer un llamado al Tribunal Constitucional”. Y en pago a 30 días comentó que han tenido una “larga discusión” con los equipos del ministerio y el propio ministro, en la que han abordado los grandes cuellos de botella de la ley, siendo para ellos uno clave las exigencias a los municipios, que tienen deudas de hasta siete meses con las PYME.

“Desgraciadamente, nos hemos demorado mucho, pero tenemos confianza en que vamos a poder llegar a un acuerdo”, dijo.

Desde la Multigremial Nacional, Juan Pablo Swett expuso que “no se trata solo del nuevo Fogape y el pago a 30 días”, sino que “también el Gobierno debe hacerse cargo de la reforma previsional que vendrá a cargar más la pesada mochila de los emprendedores, de la reforma tributaria y de la reducción a 40 horas que claramente no consideran la realidad de las MiPyme y que además llegan en un muy mal momento”.

La respuesta de Grau

El ministro de Economía, Nicolás Grau, planteó que “todas las críticas siempre son bienvenidas”. Pero, acotó que, con la inquietud sobre la promulgación del Fogape “podría haber un problema de conocimiento del proceso”.

Explicó que dicho proyecto tiene un artículo cuyo contenido, de acuerdo con la Constitución vigente, es materia de Ley Orgánica Constitucional.

Por lo tanto, y según el artículo 93 de dicho cuerpo, toda norma de este tipo debe pasar por un control preventivo obligatorio de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional.

“Los tiempos de este control no dependen del Ministerio de Economía, ni del Gobierno, pues el Tribunal Constitucional es un organismo autónomo”, reforzó Grau, y afirmó que “luego de que la norma sea revisada por el Tribunal, seguirá el curso normal de promulgación y publicación que siguen todas las leyes”.

El ministro también abordó el punto que planteó la presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, al exponer el Informe de Estabilidad Financiera ayer, quien dijo que “existen focos de vulnerabilidad en empresas de menor tamaño, donde se registran aumentos de la morosidad entre aquellas que reprogramaron deudas durante el momento más complejo de la pandemia y -en menor medida- entre aquellas que accedieron a las facilidades especiales de crédito”.

El secretario de Estado recalcó que los últimos han sido “años difíciles” para las firmas de menor tamaño, y explicó que el nuevo Fogape permitirá reprogramar, sin perder la garantía, créditos anteriores y, además, pedir nuevos créditos. Enfatizó que “nos estamos haciendo cargo de las deudas con el Estado a través del alivio a deuda tributaria” y agregó que, de aprobarse el proyecto de compras públicas hoy en el Senado, las MiPyme podrán aumentar su participación en el mercado. “Todas estas medidas, en su conjunto, debieran contribuir a mejorar la situación financiera de las empresas de menor tamaño”, reforzó.

Grau aseguró la intención sigue siendo presentar las modificaciones a Pago Oportuno este año, y dijo que lo que están promoviendo son “cambios muy sustantivos, en acuerdo con los representantes de MiPyme, que permitirán avanzar en que se pague efectivamente a 30 días”.

Por ello, explicó, “se ha requerido más tiempo de lo proyectado, ya que deben modificarse procesos que son complejos en los flujos de las empresas y del Estado, cuidando establecer correctamente los incentivos”, y puntualizó que “no queremos proponer cambios que no incidan realmente en la reducción de los tiempos de pago”.

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