El esquema de tarifas interbancarias para las transferencias electrónicas aún no ha podido resolverse a pesar de que el Corte Suprema falló en abril que BancoEstado atentó en contra de la libre competencia al interponer políticas y que incluso, favorecía "comportamientos discriminatorios respecto de los agentes que intervienen en el mercado relevante”.
Durante la semana pasada, Banco BICE ingresó un escrito ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en donde acusó que la compañía estatal “no ha dado cumplimiento a la sentencia y, lo que es más grave, ha informado expresamente que no tiene interés en cumplirla, al menos, en el corto o mediano plazo”.
El argumento -según la versión de BICE- que planteó BancoEstado es que el dictamen del máximo tribunal del país “le habría obligado a realizar un proceso de autorregulación de sus tarifas, que se iniciará en el futuro”.
La historia del caso
La disputa de BancoEstado con los bancos BICE, Internacional, Security, Itaú y Scotiabank se inició en 2017 cuando ese grupo de bancos privados denunció que la firma estatal realizaba cobros discriminatorios en la recepción de transferencias electrónicas de sus clientes.
Entre los antecedentes expuestos, Banco BICE alegó que BancoEstado le cobraba por recibir sus transferencias electrónicas una tarifa que era tres veces superior a la que aplicaba a actores de mayor tamaño, como Santander o Banco de Chile y un 50% más alta que la que aplicada a Scotiabank o Itaú. Esta situación se repetía con Banco Security y Banco Internacional.
"Autorregulación es falsa"
Banco BICE catalogó en el escrito que la excusa de BancoEstado de iniciar un proceso de autorregulación es falsa.
Ahondó que el mensaje de la Suprema fue “sumamente claro y directo: la obligación para BancoEstado de regular las tarifas que cobra a todos los bancos comerciales estableciendo ‘montos igualitarios y no discriminatorios’, cuestión que debe ejecutarse de inmediato por no haberse otorgado un plazo para ello”.
La sentencia de la Suprema que se conoció en abril estableció que “se dispone que BancoEstado deberá autorregular las tarifas que cobra a los bancos comerciales por el servicio de recepción de las transferencias electrónicas que los clientes de dicho bancos efectúan a clientes del demandado, estableciendo, al hacerlo, montos igualitarios y no discriminatorios para todos esos bancos comerciales, que respeten la garantía de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución”.
Según los hechos expuestos por Banco BICE, BancoEstado ha continuado aplicando las mismas tarifas que fueron declaradas anticompetitivas por la Corte Suprema.
Banco BICE envió una carta a BancoEstado el 25 de abril solicitando que diese cumplimiento a la orden de aplicar tarifas igualitarias y no discriminatorias.
La firma estatal no respondió la carta y el 18 de mayo remitió una factura a Banco BICE en donde aplicó los mismos cobros por las transferencias electrónicas interbancarias.
A juicio de Banco BICE, esto fue un acto “totalmente inaudito y temerario” por lo que el 24 de mayo volvió a remitir otra carta en donde reiteró que debía cumplir la sentencia y aplicar tarifas igualitarias.
Seis días después, BancoEstado respondió la misiva y según Banco BICE, se informó que “no dará cumplimiento a la sentencia y que persistirá aplicando las tarifas discriminatorias declaradas anticompetitivas”.
Banco Estado expuso que “por el momento se limitará a iniciar un trabajo de levantamiento y actualización’ de información; que sólo después de concluido este ejercicio, comenzará un ‘proceso de autorregulación’ (esto es, ni siquiera piensa comenzar ahora ni en el corto plazo la autorregulación ordenada en la Sentencia); y que más tarde aún, después de haber finalizado un ‘estudio técnico’ determinará e informará ‘tarifas igualitarias y no discriminatorias’”, de acuerdo a lo informado por el banco de la familia Matte.
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