La Tercera Sala de la Corte Suprema resolvió -de manera unánime- dar un vuelco en 180 grados a la sentencia del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), al determinar que BancoEstado atentó en contra de la libre competencia con su esquema de tarifas para las transferencias electrónicas a los bancos Internacional, Security, Bice, Scotiabank e Itaú, respecto a las de bancos de mayor tamaño.
El fallo determinó que “la diferenciación de tarifas que BancoEstado cobra por el servicio de recepción de transferencias electrónicas resulta contraria a la libre competencia (...) incluso, favorece comportamientos discriminatorios respecto de los agentes que intervienen en el mercado relevante”.
“Con esta sentencia se ha enviado un mensaje muy importante para la libre competencia, de que no se puede discriminar a las empresas por su tamaño”, destacó el abogado de Banco Bice, Julio Pellegrini.
La sentencia tuvo la firma de los ministros Adelita Ravanales, Ángela Vivanco, Jean Pierre Matus, Sergio Muñoz y Jorge Dahm, quienes ordenaron a BancoEstado a autorregular “las tarifas que cobre a los diversos bancos comerciales por las transferencias electrónicas que los clientes de éstos efectúen a clientes del demandado, estableciendo montos igualitarios y no discriminatorios, respetando, al hacerlo, la garantía de igualdad ante la ley consagrada en la Constitución”.
Según el análisis de la máxima instancia judicial del país, BancoEstado no pudo probar que al prestar el servicio de recepción de transferencias electrónicas, incurría en costos de diferente cuantía en función de las dimensiones del banco emisor de la operación.
En consecuencia, la Corte Suprema concluyó que no existe una justificación económica para que BancoEstado establezca tarifas diferenciadas.
El fallo del TDLC, de agosto de 2020, había dictaminado lo contrario, desestimando las acusaciones de los cinco bancos privados contra la compañía estatal.
Reacciones a la sentencia
Tras conocerse la resolución de la Suprema, BancoEstado informó que, “dando cumplimiento a éste, establecerá mediante un proceso de autorregulación, una tarifa única para todos los bancos por el referido servicio”.
El socio de Pellegrini & Rencoret y representante de Banco Bice, Julio Pellegrini, resaltó que “estamos muy contentos con el resultado. Con esta sentencia se ha enviado un mensaje muy importante para la libre competencia, de que no se puede discriminar a las empresas por su tamaño”.
El socio del mismo estudio y abogado representante de Banco Security, Pedro Rencoret, destacó que “es una buena noticia para la competencia, especialmente en mercados digitales y para las nuevas tecnologías”.
En esa línea, la abogada de Pellegrini & Rencoret y representante de Banco Internacional, María Jesús Cifuentes, remarcó que la sentencia “es un gran paso para la promoción del desarrollo e innovación en las transferencias bancarias”.
Los antecedentes de la disputa
La pugna entre los cinco bancos privados y BancoEstado se inició hace cinco años ante el TDLC.
Todo comenzó cuando los bancos Internacional, Security y Bice alegaron un cobro discriminatorio en la recepción de transferencias electrónicas de sus clientes. Luego se sumaron a la causa Scotiabank, Itaú y el BBVA (hoy Scotiabank).
Banco Bice alegó que BancoEstado le cobraba por recibir sus transferencias electrónicas una tarifa que era tres veces superior a la que aplicaba a actores de mayor tamaño, como Santander o Banco de Chile y un 50% más alta que la que cobraba a Scotiabank o Itaú. Esta situación se repetía con Banco Security y Banco Internacional.
Los bancos reprocharon ante el TDLC y luego ante la Corte Suprema que sus competidores no incurrían en los mismos gastos que ellos, generando una estructura de costos más grande, afectando así, a la libre competencia.
Bice también expuso que ha tenido que pagar más de $ 3.200 millones en tarifas a BancoEstado. Scotiabank denunció que el sistema tarifario le significaba un perjuicio de por lo menos $ 100 millones mensuales.
Asimismo, Itaú reveló que el banco estatal mantuvo siempre una negativa a ajustar sus tarifas a las actuales condiciones económicas y de costos, manteniendo el cobro de la tarifa hasta hoy.
De acuerdo a los antecedentes que se presentaron en el proceso, BancoEstado concentra cerca del 73% del mercado si este se mide por ingresos y un 61% si se hace por el volumen de transferencias recibidas.
BancoEstado se defendió durante el proceso criticando que los bancos privados se han beneficiado del desarrollo de la red que construyó mediante las políticas de inclusión financiera que promovió.
Y si bien la Corte Suprema no zanjó multas ni el pago de indemnizaciones, quedó la puerta abierta para cualquiera de los bancos privados involucrados inicie un nuevo juicio ante el TDLC para que se esclarezcan los perjuicios que tuvieron debido al cobro de mayores tarifas, algo que debería definirse en los próximos días.
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