A 90 días de que la constructora española Tapusa abandonara de manera abrupta diversas obras públicas en la Región del Biobío, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, descartó el pago directo desde el Serviu a las 50 empresas subcontratistas, a quienes el organismo y la Municipalidad de Concepción les adeudan $ 3 mil millones.
Durante la presentación de su primera Cuenta Pública, realizada en Penco, el secretario de Estado fue categórico respecto de que el Estado no tiene herramientas para cancelar la cartera de deudas factorizadas por las empresas que, tras la partida de la española, quedaron en “tierra de nadie” respecto a la recuperación de boletas y facturas cursadas a la concesionaria. En este escenario, la única vía de recuperación para las PYME será demandar al fisco.
“Nosotros tenemos responsabilidad con los trabajadores de Tapusa. Somos deudores solidarios y eso está todo pagado. Con los subcontratos no tenemos una responsabilidad”, aseguró Poduje, aclarando las limitaciones del fisco por tratarse de un conflicto entre privados.
No obstante, ante el riesgo de insolvencia en el sector, el ministro explicó que el Estado abrió una puerta, pero que esta requiere obligatoriamente de un proceso judicial. “La única opción que tenemos para pagarle a esos subcontratos es que ellos nos demanden y lleguemos a un acuerdo conciliatorio donde podamos pagar una parte. Nosotros no podemos garantizar que le podamos pagar de otra forma, porque podemos contravenir la ley y la Contraloría nos puede multar”, detalló tras el evento.
Riesgo de quiebra
Sin embargo, el escenario para los empresarios subcontratistas es aún más complejo. Poduje explicó que “en el caso de los subcontratos que tienen factorizadas sus facturas, no tenemos nada que hacer. Yo se los dije ya y ahí lamentablemente no podemos hacer nada”.
La razón que el Ministro atribuye para la dilación de soluciones es que los afectados, mayoritariamente PYME, no están de acuerdo con los montos y términos del convenio. “El panorama delineado por el Gobierno choca con la urgencia de caja de las PYME de la región”, han declarado los empresarios.
La exclusión de la deuda factorizada anunciada por el ministro es, precisamente, el punto más crítico. Alexis Gaete, vocero de los subcontratistas afectados por el cierre de Tapusa, comento que “la parte jurídica nos va a llevar tres a cuatro años y eso significa que ninguna de las 50 empresas va a estar”, pues los altos montos factorizados terminarán llevándolos a la quiebra por insolvencia.
Gaete comentó que este escenario ya ha provocado el cierre de varias de las PYME y la tendencia continúa. “Yo creo que este mes ya cerraron algunas, el mes que viene también. Están todos perjudicados (…) hay que entender que una empresa mediana que le debe al factoring $ 50 millones o $ 100 millones es imposible que sea viable, es imposible que siga funcionando”.
Planteó que la búsqueda de soluciones con el Ministerio de Vivienda y con la Municipalidad de Concepción era “el oxígeno, necesitábamos que nos pagaran, pero lo vemos cada vez más largo”.