Un desconocido pero intenso conflicto enfrenta a la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) y varias empresas mineras, como Escondida, de BHP, y Molymet, de la austríaca Plansee, por los datos de las ventas al exterior, tanto por el plazo de entrega de las cifras, como por el nivel de detalle y, en el caso de la productora de molibdeno, por las atribuciones de Cochilco para fiscalizarla. Una pelea que cobra inusitada importancia en medio del debate legislativo por un nuevo royalty minero, que se calcula sobre el valor de venta del mineral y sus márgenes operacionales.
Y en este enfrentamiento, Escondida tuvo un traspié: la minera reclamó ante la Corte de Apelaciones de Santiago por cuatro multas cursadas por Cochilco por la suma total de 34,66 ingresos mínimos ($13,3 millones) por el envío tardío de cuatro contratos de exportación y este tribunal falló a favor de la entidad pública.
Cochilco señala que le corresponde fiscalizar las exportaciones de cobre y sus subproductos, tanto de las mineras del Estado como privadas, para asegurar que estas se realicen en condiciones y valores vigentes en el mercado internacional.
El año pasado, Molymet -del grupo europeo Plansee, donde están además los Matte y la familia Gianoli- recurrió a Contraloría para quejarse que la comisión del cobre excedía en sus atribuciones al revisar el valor de los envíos y cotejarlos con el precio internacional de los metales, pero el organismo dirigido por Jorge Bermúdez le dio la razón en general a la entidad pública, aunque precisó que la palabra final la tiene Aduanas.
Pero hay más. Desde junio de 2020, el Comité de Sanciones de Cochilco ha aplicado sanciones consistentes en multas a beneficio fiscal a 15 empresas públicas y privadas, por un total de $108,5 millones por el ingreso extemporáneo o incompleto de los términos esenciales de los contratos que dan origen a las exportaciones de cobre y de sus subproductos y sus modificaciones en el Sistema de Exportaciones Mineras (SEM).
Según Cochilco, a la entidad le corresponde fiscalizar las exportaciones de cobre y sus subproductos, tanto de las empresas mineras del Estado como de empresas privadas, para asegurar que estas se realicen en condiciones y valores vigentes en el mercado internacional. En caso que hubiese operaciones que se aparten de esa condición se profundiza en fiscalizaciones, las cuales se reportan posteriormente al Servicio de Impuestos Internos y/o al Servicio Nacional de Aduanas, según corresponda.
En sus inspecciones, Cochilco usa información de los contratos de venta registrados por los exportadores en el Sistema de Exportaciones Mineras (SEM 2.0) como también los Informes de Variación de Valor (IVV) que deben presentar los exportadores en cada operación.
A diciembre de 2021 se revisaron 13.254 informes de variación de valor de un total de 13.515 recibidos, lo que representa un 98,07% del total, es decir, 56 empresas exportadoras de cobre y sus subproductos fiscalizadas el año 2021.
Cochilco señaló que además hay fiscalizaciones tanto para evaluar el comportamiento de variables convenidas en los contratos de exportación, que influyen directamente en el valor de los envíos, como a verificar el correcto y oportuno ingreso de los contratos al sistemas. Durante el año 2021, se emitieron 19 informes de fiscalización, de los cuales 3 corresponden a seguimientos para verificar el cumplimiento de compromisos adquiridos por los exportadores, emanados de las debilidades observadas en fiscalizaciones anteriores.
Molymet versus Cochilco
Hace un año, Molymet reclamó ante Contraloría porque a su juicio Cochilco se excedía en sus funciones al exigir el envío de los términos esenciales de los contratos de exportación de minerales. Contraloría ratificó que las facultades de Cochilco abarcan todos los aspectos relacionados con el aprovechamiento económico del cobre y sus subproductos, incluidos el molibdeno, tanto en la fase extractiva como también en las operaciones de elaboración y comercialización de esos minerales.
En su dictamen, la Contraloría establece que le corresponde a Cochilco informar acerca de los valores y condiciones de las importaciones y exportaciones de cobre y sus subproductos, pudiendo requerir para ello a las empresas “la entrega de todo tipo de antecedentes y documentación que estime necesario”, y la presentación de los contratos y demás documentos que respalden las operaciones de exportación e importación, encontrándose legalmente facultada para sancionar los incumplimientos que observase, tanto respecto de las empresas públicas como privadas.
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