Mientras la clase política está enfocada en avanzar en el proceso de elección de los expertos que deberán integrar la comisión ad hoc, en la opinión pública estaba latente el aspecto del que menos se ha hablado de este segundo proceso: la financiación. Durante las negociaciones por el acuerdo, algunos parlamentarios expresaron que de crearse esta instancia debería trabajar ad honorem; sin embargo, el texto suscrito por los negociadores nada especifica respecto del tema, ni siquiera lo aborda, seguramente porque ello debería quedar consignado en la reforma constitucional que constituye el punto de partida para el proceso.
Sin embargo, el presidente Gabriel Boric abordó este miércoles públicamente el tema que ya se comentaba en los pasillos del Congreso y de La Moneda. A pesar de que es un tema incómodo, el mandatario respaldó a través de su cuenta de Twitter la importancia de que quienes resulten desinados para cumplir la función de expertos sean remunerados por esta labor.
“Rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados. La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no, solo podrían ejercerlo los ricos”, argumentó el jefe de Estado.
Rol de expertos en proceso constituyente debe ser totalmente transparente y para ello deben ser remunerados. La remuneración del servicio público es condición esencial de la democracia, si no solo podrían ejercerlo los ricos o quienes tengan mecenas. Nos aseguraremos de ello.
Minutos más tarde, en la sede del Congreso en Valparaíso, el secretario general de RN, diputado Diego Schalper, en el marco de un punto de prensa planteaba una interrogante: “Les parece a ustedes que puede alguien dedicar una jornada laboral relevante de su trabajo cotidiano sin recibir remuneración?”.
En este sentido argumentó que si lo que se busca son personas dedicadas a trabajar de lleno en el anteproyecto constitucional es improbable que puedan hacerlo sin remuneración. Porque, a su juicio, las otras posibilidades son que sean expertos que tengan su vida resuelta o que sean financiados por un tercero. Y recalcó que por independencia y transparencia “nos la vamos a jugar para que esos fondos salgan del Congreso y, por lo tanto, no impliquen un gasto adicional; nos la vamos a jugar para que no hayan asesores y los expertos funcionen con sus propias capacidades”. Porque nadie puede pretender –dijo- que alguien haga un trabajo dedicado sin recibir remuneración por ello.
En la misma línea se manifestó el diputado socialista Juan Santana, quien respaldó los dichos de Boric, aseverando que es importante que los expertos puedan ser remunerados.
Su postura en esta materia fue refrendad por el jefe de la bancada de diputados socialistas, Marcos Ilabaca, quien señaló que "soy de los que cree que a los constituyentes y a los expertos se les debe pagar una remuneración" por sus servicios. Y añadió que todos los chilenos que prestan un servicio debe recibir un pago por la labor realizada; "sobre todo, si ese servicio es trascendental para la historia de nuestro país".
Lo propio opina el presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre, para quien "evidentemente" los expertos deberán recibir una remuneración "que esté acorde a la tareaque van a desempeñar". Y enfatiza, entre otras cosas, que se les debe remunerar porque es "relevante que se dediquen de manera exclusiva estos meses a trabajar para hacer un aporte sustantivo, de calidad, y no dependan de sus recursos personales o aportes de privados", con el objeto de que que haya "máxima transparencia", que es uno de los aspectos en que coinciden todos los que payan la idea.
Adicionalmente, el diputado Santana informó que esta mañana se le envió una carta al Presidente de la Repúblicapara que la reforma constitucional que presentará el Ejecutivo para iniciar el proceso constituyente contenga otros aspectos que contribuyan a la transparencia de los expertos, como el levantamiento de cuentas a estas personas, para garantizar que sus intereses apunten al bienestar del país.
Y propuso el nombre de la expresidenta Michelle Bachelet para liderar la lista de candidatos del sector al Consejo Constitucional.
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