Cuando parte de la clase política estaba perdiendo la fe respecto de que los partidos políticos con representación parlamentaria lograran llegar a un acuerdo que visibilizara el nuevo proceso constituyente, los negociadores se decantaron por una fórmula “creativa” que contempla tanto la participación ciudadana como la seguridad que, desde algunos sectores estiman, entrega el hecho de que un grupo de expertos acompañe el desarrollo del trabajo del órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución.
Poco más de tres meses debieron pasar para que los partidos finalmente se inclinaran por un mecanismo sobre el que ya se había conversado y que fue presentada en noviembre por Chile Vamos, pero que no había alcanzado consenso: la figura contemplaría un organismo 100% electo democráticamente, a través del voto popular, compuesto por 50 escaños -a los que se le sumarían los escaños reservados proporcionales- y un grupo de 24 expertos -dice designados por el Senado y doce por la Cámara- que, en ciertas partes del proceso tendría una partición vinculante.
La labor del órgano electo no debiera superar los seis meses, ya que la idea es que el proceso avance de manera ágil y no implique un alto gasto de recursos como ocurrió con el primer intento.
Los integrantes de lo que ahora se llamaría Consejo Constitucional se elegirán según las reglas senatoriales, por circunscripciones en consideración a las regiones que existen en el país.
Fue el expresidente de la Cámara, diputado Raúl Soto, quien alrededor de las 17:30 de la tarde admitió que ya se había alcanzado un acuerdo.
Al ser abordado por la prensa, el parlamentario aseguró que ya se estaba trabajando en la redacción del documento, viendo los detalles, “y esperamos que sí podamos anunciar en un ratito más que hay acuerdo”, señaló el legislador del PPD.
Si bien en ese momento Soto se negó a adelantar detalles del contenido del texto, sí recalcó que será “un buen proceso para Chile y que, espero, nos va a llevar al final del camino a una buena y nueva Constitución, que genere la unidad de todos los chilenos”.
Sin embargo, al resto de los negociadores les molestó la locuacidad del diputado, quien activó las alertas más temprano de lo que se tenía calculado.
Cerca de las 10:00 de la noche del lunes los presidentes del Senado y la Cámara, Álvaro Elizalde y Vlado Mirosevic, respectivamente, dieron a conocer el acuerdo alcanzado y suscrito por los presidentes de partido con representación parlamentaria, salvo el Partido de la Gente y Republicanos.
El "Acuerdo por Chile" detalla que el segundo proceso constitucional tendrá tres órganos: el Consejo Constitucional, Comisión Experta y el Comité Técnico de Admisibilidad. Este último, tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales.
Fórmula convenida
Según lo estipulado en el documento suscrito, los 50 integrantes de lo que ahora se llamaría Consejo Constitucional se elegirán según las reglas de las elecciones senatoriales, por circunscripciones en consideración a las regiones que existen en el país; los expertos designados por el Congreso elaborarán un anteproyecto que le entregarán al órgano encargado de la redacción de la nueva Constitución y las decisiones de esta comisión de expertos se deberán adoptar por un quórum de 3/5.
Esta comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias.
Una vez evacuada la propuesta de texto de la Nueva Constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional; en dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas, entendiéndose aprobadas las propuestas de normas si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio.
Si el órgano electo presentara un documento que no concuerde con el anteproyecto, los expertos podrían vetarlo.
Por otra parte, la labor del órgano electo no debiera superar los seis meses, ya que la idea es que el proceso avance de manera ágil y no implique un alto gasto de recursos como ocurrió con el primer intento.
Alinear a los partidos
Por otro lado, con la conclusión de este episodio, comienza una nueva etapa, ya que el acuerdo se deberá traducir en una reforma constitucional que deberá ser aprobada por 4/7 tanto de la Cámara como del Senado para que el proceso siga avanzando.
De ahí la importancia del acuerdo, ya que los partidos que lo suscriben comprometen automáticamente el respaldo de sus respectivas bancadas de diputados y senadores en el Congreso.
Lo anterior resulta indispensable, además, porque dado que en el consenso alcanzado no están contemplados ni el Partido de la Gente (PDG) ni Republicanos, cuyos votos muy probablemente estén en contra de la propuesta.
Adicionalmente, este martes se vota en el Congreso –en segundo trámite- el proyecto que repone el voto obligatorio, de manera que es altamente probable que de ser promulgada en enero, todas las etapas del proceso que lo requieran deberán ser ratificadas con voto obligatorio.
En este sentido, el senador Matías Walker (Demócratas) señaló que espera que el voto obligatorio sea parte del acuerdo, sin perjuicio de que la votación permitirá que así sea.
El itinerario estimativo, porque podría variar, del nuevo proceso contempla que se ingresará en la Cámara Baja el proyecto de reforma constitucional a la brevedad, por moción parlamentaria, y se solicitará al Ejecutivo, discusión inmediata de manera tal de que el itinerario que se propone de manera estimativa sería: enero 2023, instalación de Comisión Experta; abril de 2023, elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto obligatorio; 21 de mayo de 2023, Instalación del Consejo Constitucional; el 21 de octubre de 2023, entrega del proyecto de nueva Constitución y el 26 de noviembre de 2023, se realizaría el plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.
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