Este jueves, el Pleno del Consejo Constitucional continuará votando las enmiendas a la segunda parte del Capítulo II a la propuesta del anteproyecto sobre los Derechos y Libertades Fundamentales, Garantías y Deberes Constitucionales. Esta jornada, se votarán aquellos derechos considerados como el corazón de la nueva Constitución.
Uno de estos derechos ha generado bastante debate en el mundo político, pero especialmente entre los alcaldes, se trata de la eliminación del pago de contribuciones de la vivienda principal, que ha resultado ser muy popular, pese a que expertos y el propio Servicio de Impuestos Internos (SII) aseguran que sólo un 23% las paga en la actualidad. Mientras que desde el oficialismo argumentan que se pretende eximir de este pago a los sectores más acomodados.
Es por ello, que el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), el alcalde de Zapallar Gustavo Alessandri, entró a la polémica, detallando que los argumentos que acompañan la iniciativa indican que, en Chile, 1.305.925 predios habitacionales pagan impuestos. De ellos, 52 mil son propiedades sobre los 400 millones de pesos que pagan sobretasa. Por lo tanto, quienes serían beneficiados con esta propuesta son personas de clase media que poseen viviendas entre los 1.000 y 12.000 UF, concluye.
A diferencia de la mayoría de sus pares, Alessandri valora la iniciativa del Partido Republicano, pues según comenta “llevamos años hablando de una clase media cada vez más golpeada y que queda fuera de todo beneficio y apoyo económico, es por eso que vemos con buenos ojos la enmienda que eximiría a chilenos y chilenas de pagar contribuciones por su primera vivienda, porque va en directo beneficio de familias que ya invirtieron todos los ahorros de su vida en tener una propiedad que va entre 1.000 y 12.000 UF”.
Sin embargo, propone que su implementación sea gradual, puesto que las contribuciones son el principal ingreso del Fondo Común Municipal. En este sentido, también subraya que debe quedar claramente establecido el mecanismo de compensación por parte del Estado a las municipalidades; ya que “de esta manera, se aseguraría un equilibrio en el financiamiento y se garantizaría el bienestar de la comunidad”, declara Alessandri.
Por lo que espera que la discusión se desenvuelva en un clima centrado en las necesidades de la gente y que “se lea esta iniciativa como una oportunidad para optimizar los recursos que tiene el Estado de Chile”.
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