Aunque originalmente el ingreso del proyecto de ley Marco sobre el Cambio Climático estaba programado para septiembre, fue ayer jueves cuando se concretó el inicio de la tramitación en el Senado, la que se discutirá con urgencia simple.
El Ministerio de Medio Ambiente había anunciado la presentación del nuevo cuerpo regulatorio para la primera quincena de enero. Con este paso, se ajusta al nuevo plazo propuesto y permitirá que la titular de esta cartera, Carolina Schmidt, acuda a la interpelación a la cámara de diputados programada para el próximo martes 14 de enero, con la tarea hecha.
El proyecto reúne un trabajo interministerial de los ministerios de Ciencias, Medio Ambiente y Energía, y tiene como objetivo "crear un marco jurídico que permita asignar responsabilidades específicas para la implementación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático".
El texto contempla una Estrategia Financiera de Cambio Climático, que "establecerá los principales lineamientos para orientar la contribución del sector público y privado en la consolidación de una economía baja en emisiones y resiliente al clima".
Así, la propuesta amplía el ámbito de aplicación para financiar proyectos locales y acciones de mitigación y adaptación que favorezcan a comunidades vulnerables. Se incorporan modificaciones al Fondo de Protección Ambiental para apoyar iniciativas presentadas por la ciudadanía, y se amplía su ámbito de aplicación para financiar proyectos locales y acciones concretas de mitigación y adaptación que favorezcan directamente a las comunidades más vulnerables.
Además, para incentivar donaciones al fondo, le serán aplicables los beneficios que establecen Normas sobre Adquisición, Administración y Disposición de Bienes del Estado. Dichas donaciones estarán exentas de impuestos, tendrán la calidad de gasto necesario para producir la renta y no requerirán del trámite de la insinuación, entre otros beneficios.
La iniciativa del gobierno propone crear un instrumento para lograr los objetivos de la ley, otorgando la facultad de elaborar normas que establezcan un límite a la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEI) y/o contaminantes climáticos de vida corta. El texto incorpora la posibilidad de los proyectos que reduzcan o absorban emisiones puedan obtener certificados para el cumplimiento de los límites.
También establece ocho instrumentos de gestión. Como había adelantado el gobierno, se define el año 2050 para alcanzar la neutralidad de emisiones.
Además, se propone desarrollar una estrategia climática de largo plazo, con lineamientos en materia de adaptación al cambio climático y definir un presupuesto nacional de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a los años 2030 y 2050.
También aborda las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés), estableciendo la meta intermedia para lograr la neutralidad de emisiones, con instrumentos de mitigación de GEI y adaptación al cambio climático.
El proyecto propone tanto planes sectoriales de mitigación al cambio climático -a través de acciones y medidas de reducción de emisiones- como planes sectoriales de adaptación al fenómeno, que tienen como foco tomar acciones y medidas para aumentar la resiliencia de los sectores más vulnerables al cambio climático. Ambos planes contemplan indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas.
El texto anuncia la elaboración de un Reporte de Acción Nacional de Cambio Climático, que consolida políticas, planes, programas, acciones y medidas contempladas en los instrumentos de gestión de cambio climático y en otros órganos del Estado.
Como novedad, el escrito contempla la posibilidad de que los Consejeros Regionales para el Cambio Climático (Corecc) elaboren planes de acción regional para apoyar la gestión hacia el fenómeno en dicho nivel, implementando medidas territoriales.
Y como también se había anunciado, el proyecto anuncia los planes estratégicos de recursos hídricos en cuencas, incorporando un instrumento que busca resguardar la posibilidad de acceso al agua a nivel local, en una cantidad y calidad adecuada. Los planes deberán elaborarse en cada cuenca del país.
El proyecto de ley contempla una nueva institucionalidad para el cambio climático, reformando el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, otorgando facultades a las Secretarías Regionales Ministeriales y creando un Comité Científico Asesor para el Cambio Climático -independiente e integrado por expertos-, entre otros.
También, propone crear el Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero, el Sistema Nacional de Prospectiva de Gases de Efecto Invernadero, el Sistema de Certificación de Gases de Efecto Invernadero, la Plataforma de Vulnerabilidad Climática, y el Repositorio Científico de Cambio Climático.
Todos apuntan a entregar información en cuanto a las emisiones actuales, proyecciones de futuras emisiones, vulnerabilidad de territorios locales e información general.
Además, se incorporará la variable climática en instrumentos como el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (RETC), los instrumentos de gestión de riesgos de desastres, y los instrumentos de ordenamiento y planificación territorial.
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