El proyecto de Ley que busca regular los sistemas de Inteligencia Artificial (IA), la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación sorteó su primer paso tras ser aprobado en general por los parlamentarios integrantes de la Comisión de Futuro de la Cámara.
Con la idea de legislar aprobada, el proyecto avanza a su discusión en particular, donde se espera el ingreso de una serie de indicaciones -con plazo hasta el jueves 21 de marzo para hacerlo- para modificar el contenido del texto que ha sido ampliamente cuestionado por expertos.
La moción, que fue ingresada por el diputado Tomás Lagomarsino -quien reconoció que el proyecto “tiene bastantes falencias, errores e imprecisiones”- en abril del año pasado, fue respaldada por ocho parlamentarios, una abstención del diputado Johannes Kaiser y solo un voto en contra de la diputada Paula Labra, quien argumentó que “es un sinsentido que regulemos el uso y desarrollo en lugar de sancionar el mal uso”.
Se trata de un proyecto cuyo contenido no goza de transversalidad como dejaron ver los diputados, quienes al argumentar su voto afirmaron que era necesario mejorar el texto propuesto, ni del visto bueno por parte de los expertos que han acudido a entregar sus recomendaciones a la comisión.
De hecho, en una entrevista con DF, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, anunció el ingreso de un paquete de indicaciones al proyecto para “reorientar” su contenido y lograr un “apoyo transversal” de los legisladores. Pese a que la fecha comprometida fue noviembre del año pasado, hasta ahora el Ejecutivo no ha dado este paso.
En sus 15 artículos de extensión, el proyecto tiene como objetivo establecer un marco jurídico en torno al desarrollo, comercialización, distribución y utilización de los sistemas de IA y propone una clasificación por riesgo -en línea con lo que se debate en la Unión Europea- en dos rangos: de inaceptable y de alto riesgo, los que en sus definiciones van desde el aprovechamiento de vulnerabilidades en el uso, hasta temas relacionados con datos biométricos.
Polémico punto
Sin embargo, el punto que ha causado mayores reparos a lo largo del debate es la creación de una Comisión Nacional de IA, cuyos integrantes no recibirían remuneración ni beneficios y deberán pronunciarse sobre las solicitudes de autorización presentadas por los desarrolladores, proveedores y usuarios de IA.
Además, deberán elaborar informes anuales, realizar recomendaciones para mejorar la regulación de los sistemas y mantener registros de sistemas de IA. En caso de que los desarrolladores y proveedores no cumplan con las normas señaladas en el proyecto, se proponen sanciones monetarias e incluso presidio mayor en su grado mínimo.
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