Es una conversación que venían teniendo desde hace algún tiempo. Si bien el titular de Vivienda, Carlos Montes (PS), y el exministro de Hacienda y Educación, Nicolás Eyzaguirre (PPD), no son amigos íntimos, sí comparten muchas ideas comunes en lo político y mantienen conversaciones periódicas sobre ciertos temas.
Por eso, cuando Montes se dio cuenta de que necesitaría ayuda para enfrentar una de sus preocupaciones en materia de financiamiento de viviendas sociales, decidió que el mejor candidato para el encargo era Eyzaguirre.
“Es una preocupación que he tenido desde siempre. El ministerio de Vivienda está desvinculado del mercado financiero y del tema tributario, y desde acá no surgen ideas ni propuestas frente a esto. Conversé de este tema con distintas personas del gobierno, examiné los antecedentes de personas que me propusieron y llegué a la conclusión de incorporar a alguien más fogueado y con más experiencia en estos temas, y hablé con Nicolás Eyzaguirre”, cuenta el ministro Montes.
Fue hace un mes. Montes le planteó el desafío, el exministro de Hacienda dijo que lo pensaría y a los pocos días le respondió que le parecía interesante y que estaba dispuesto a colaborar.
“El ministro me ha pedido que le colabore en estudiar las distintas fuentes de financiamiento y apoyo hoy disponibles, tanto para la construcción como la adquisición de vivienda. Es un trabajo técnico, de bajo perfil y en el que, convinimos, dedicaré algunas horas de la semana”, confirmó Eyzaguirre a DF MAS.
El encargo que le hizo Montes a Eyzaguirre es cómo vincular el financiamiento de las viviendas sociales con el mercado financiero. El ministerio tiene como meta construir 260 mil viviendas en los cuatro años para paliar en parte el déficit que se calcula en 600 mil. “Este déficit se ha ido formando en un periodo largo de tiempo y se profundizó con la pandemia y la llegada de migrantes”, explica el ministro.
Financiar esto no es fácil. El precio de los materiales y del suelo no dejan de subir. Montes explica que si bien antiguamente en el costo de una vivienda, el factor suelo era un 10%, hoy llega por encima de 50% en algunas ciudades.
Hasta hoy el financiamiento de estos proyectos se realiza solo a través de presupuesto público, y la idea es encontrar mecanismos para que el sector privado pueda también participar de esta inversión con algún tipo de instrumento financiero.
De hecho, dice el ministro, es algo que en algún minuto existió a través de letras hipotecarias en las que podían invertir los fondos de pensiones, pero hoy, ese sistema dejó de operar. “Es raro que en un país que tiene fondos de ahorro previsional tan potentes, que ahora disminuyeron con los retiros, éstos no estén ligados a invertir en objetivos país”, agrega.
Sobre los posibles mecanismos, el ministerio ya tiene en vista algunas opciones. Montes adelanta que tienen ofertas de suelo de parte de privados donde les han planteado que el pago pueda hacerse a través de bonos. “La característica de esos bonos es parte de lo que hay que reflexionar”, explica.
La otra parte del encargo en el que trabajará Nicolás Eyzaguirre es el debate tributario. “Dicen que Chile es el paraíso de los negocios de suelos, porque el sistema tributario permite tener ganancias muy altas”, señala el ministro. Por eso, la idea es revisar “qué instrumentos existen actualmente que permitan tener mayor disponibilidad de suelos y vivienda para encontrar mejores alternativas.
Eso sí, precisa el ministro, estas modificaciones impositivas no formarán parte de la actual reforma tributaria que se presentó el viernes. “En términos tributarios hay bastantes cosas y preferiría no adelantar nada aún, hay cosas que existen en muchos países, incluso latinoamericanos, en las que estamos desfasados”, agrega.
Pero el ministro tiene claro que cualquier cambio de esa naturaleza deberá sortear las barreras del Congreso, donde demoró años reducir la franquicia tributaria a la construcción de viviendas.
El gobierno pasado presentó una reforma para restringir el crédito especial del IVA para las empresas constructoras. Hoy se descuenta el 65% del IVA a la producción de viviendas hasta 2.000 UF de construcción y 4.000 UF de compraventa. “Este año serán US$ 800 millones, pero llegó a ser US$ 3.000 millones anuales. En algunos casos la franquicia era superior a la cantidad de recursos que se destinaban a viviendas sociales”, remata Montes.
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