Continúa avanzando la moción parlamentaria que quita la facultad exclusiva al Servicio de Impuestos Internos (SII) para ejercer la acción penal en casos de delitos tributarios, entregando dicha potestad al Ministerio Público. Esto, en el marco de la controversia por la eventual decisión del fiscalizador tributario de cerrar con sanciones administrativas -y no penales- algunos casos de financiamiento irregular de la política.
Ayer, la comisión de Constitución de la Cámara aprobó en general la iniciativa, por 8 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. De esta manera, la Sala de la Cámara Baja analizará la idea de legislar el texto en los próximos días, tras lo cual -en caso de ser votada favorablemente- volverá a análisis en particular a la instancia liderada por el DC Fuad Chahin.
La moción establece que el SII perderá la facultad exclusiva de ejercer acciones penales en delitos tributarios, la cual será compartida por la Fiscalía Nacional.
La aprobación del texto generó polémica ayer en la comisión, ya que comenzó a analizarse la semana pasada en la instancia luego de que la comisión de Hacienda la rechazara hace casi dos años, por considerar que tenía vicios de inconstitucionalidad. De hecho, el titular de la Dirección de Presupuestos (Dipres), Sergio Granados, señaló en dicha oportunidad que la moción era contraria a la Carta Magna, ya que solo el Ejecutivo tenía la potestad de añadir nuevas atribuciones al aparato público.
En la sesión de ayer, que se extendió por más de dos horas, volvieron a ser invitados el director del SII, Fernando Barraza, y el fiscal nacional Jorge Abbott. Este último recalcó que la iniciativa no sería contraria a la Constitución, ya que el texto no agregaría nuevas potestades a la entidad persecutoria.
“Aquí no se le está quitando ninguna atribución a Impuestos Internos ni se le está agregando nuevas a la Fiscalía. Lo único que se está haciendo es quitar la exclusividad de la acción penal en delitos tributarios. La Constitución ya establece que la facultad de acción penal recae en la Fiscalía Nacional”, aseguró Abbott.
Por su parte, el titular del SII se hizo cargo de las críticas que recibió la semana pasada en su exposición ante la comisión, luego del dictamen emitido por la Contraloría General de la República en la que solicitaba al SII explicitar los criterios con los que ejercía la acción penal y no sustentarlos “en el mero capricho” de la autoridad.
“Ese dictamen no se refiere en absoluto a las últimas decisiones tomadas por el SII, sino a la posibilidad de prescripción en algunos casos (el sobreseimiento del ex senador PS Carlos Ominami) y ante lo cual estamos tomando medidas”, dijo el directivo.
Asimismo, desmintió que la Corte Suprema, a través de su vocero Milton Juica, se haya mostrado a favor de esta moción: “Lo que hizo el vocero de la Suprema fue emitir una opinión a título personal” sobre la materia, dijo. Y de hecho, recordó que el 18 de abril el presidente del máximo tribunal, Hugo Dolmestch, señaló que el hecho de que el SII persiguiera las sanciones pecuniarias y no penales “no involucraba impunidad, ya que el sistema tributario contempla sanciones”.
De aprobarse en la Sala de la Cámara -votación que según Chahin podría realizarse mañana-, la comisión tendrá dos semanas para analizar en particular el texto.
En la sesión de ayer, parlamentarios como los PS Osvaldo Andrade y Leonardo Soto, y el DC Aldo Cornejo, plantearon la posibilidad de ingresar indicaciones que maticen el texto, estableciendo -por ejemplo- que el Ministerio Público pueda ejercer la acción penal en delitos tributarios solo si los ilícitos ligados se relacionan con temas como el cohecho, la negociación incompatible o delitos electorales.
Otra idea que plantearon los legisladores fue establecer parámetros objetivos (como monto defraudado o reiteración) para que el SII fundamente su decisión de presentar o no querellas, para reducir -según dijeron- el grado de discrecionalidad en sus decisiones.
Valdés interviene
Para hoy está citada una comisión especial en la Cámara donde se analizará las últimas acciones de Impuestos Internos respecto a los casos denominados de platas políticas.
A las 16:30 expondrá el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, quien en las últimas semanas ha mostrado su apoyo a Barraza y valorado el actuar del servicio.
El lunes, en el tradicional almuerzo de coordinación con parlamentarios oficialistas, el titular de las finanzas públicas mostró su inquietud por el avance de este proyecto y advirtió que debería ser declarado inadmisible.
REPORTAJE DE CIPER Y LA ACCIÓN DE MAYOL
Un reportaje de Ciper Chile y una acción del precandidato del Frente Amplio, Alberto Mayol, tuvieron ayer como foco al SII. En el primer caso, el artículo apuntó a que en una de las últimas querellas presentadas por el organismo, en la que se dirigió contra Cristian Warner -hombre de confianza de Marco Enríquez-Ominamise informó que sólo se cobrará una multa a las empresas acusadas de pagar facturas falsas para allegar recursos a la campaña presidencial 2013 del líder del PRO.
A esto se sumó un requerimiento de transparencia contra el director del Impuestos Internos, Fernando Barraza.
La acción tuvo por objeto que el funcionario explique por qué descartó denunciar o querellarse contra 11 empresas por financiamiento ilegal de la política y eventual delito de cohecho. El sociólogo espera una explicación, sobre todo si -explicó- se tiene en cuenta que todos los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar o querellarse cada vez que observan o ven un delito. Y agregó que por eso Barraza no estaría cumpliendo la ley ni a cabalidad sus funciones.
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