Comienza a extinguirse el subsidio a la bonificación forestal, conocido tradicionalmente como Decreto Ley (DL) 701 y que operó en el país entre 1974 y 2013. Si bien el mecanismo no fue prorrogado tras su fin hace cuatro años, en la práctica ha continuado entregando subsidios ad portas de su total extinción el próximo año.
Según un informe de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), a marzo de este año se han aportado cuatro bonificaciones en esta materia por $ 4,1 millones, lejos de la meta fijada por el servicio de 46 subsidios por un valor de $ 223 millones en el año. De esta manera, se profundiza la tendencia observada en los últimos años: desde 2014, la incidencia del mecanismo ha ido decayendo, quedando por debajo de las metas de número y monto de bonificaciones (ver tabla).
En mayo de 2015, el Ejecutivo envió un proyecto de ley al Congreso para extender la vigencia del decreto hasta 2018, con un costo fiscal de US$ 54 millones. Sin embargo, el estallido del caso de colusión del papel tissue -que involucró a las papeleras CMPC y SCA- frenó el avance del texto en el Parlamento, el cual se encuentra congelado en primer trámite en la comisión de Hacienda de la Cámara.
Nueva política de reforestación
Al margen del escándalo de la colusión de las papeleras, otro momento reciente en que el DL 701 estuvo en el debate fue producto de los incendios forestales que afectaron a la zona centro sur del país a inicios de este año, y que en conjunto consumieron alrededor de 590 mil hectáreas.
Consciente de la necesidad de generar una política permanente de reforestación en este contexto, el consejo de política forestal, liderado por la Conaf, se encuentra analizando alternativas en la materia, entre las que se podría considerar una nueva prórroga al subsidio.
Fuentes que conocen la dinámica del consejo ven “difícil” avanzar en la materia, considerando el año electoral y el ya estrecho calendario legislativo del gobierno.
El senador de la UDI y miembro de la primera subcomisión de Presupuesto -que analiza el DL 701-, Juan Antonio Coloma, considera “urgente” que el Ejecutivo defina una nueva política de reforestación hacia adelante, dejando de lado “sesgos ideológicos” como decir que el Decreto Ley solo beneficiaba a las grandes empresas. “El DL 701 fue un proyecto muy importante y que generó un beneficio real para desarrollar zonas rurales que sufrían por la erosión del suelo. Lamentablemente, este gobierno, con prejuicios ideológicos, no quiso seguir con esta bonificación”, asegura.
El diputado del PC, Daniel Núñez, recalca que los montos que continúa pagando el subsidio se relacionan con transferencias “postergadas” en el tiempo: “El 2018 es el último año en que se entregará el subsidio. En ese sentido, la discusión debiera ser otra: qué tipo de subsidios para el sector forestal vamos a desarrollar. El DL 701 no fue una buena política, tenemos que establecer las bases para un modelo basado en exportaciones con valor agregado”, dice.
Para el integrante de la citada subcomisión, Ernesto Silva (UDI), el énfasis de un eventual nuevo proyecto debe ser beneficios “muy focalizados en los pequeños productores. Tiene que haber una política de reforestación clara y que se haga cargo de la evaluación de lo hecho por el DL 701”.
El también miembro de la primera subcomisión, Felipe de Mussy, planteó que el nuevo instrumento debe cambiar “profundamente” en relación al actual DL 701, y priorizar no solo la reforestación, sino también la reconversión de predios forestales a agrícolas.
Mientras, el senador DC Jorge Pizarro cree que se debe pensar en un nuevo estímulo al sector forestal con criterio exportador y de sustentabilidad. “Ello requiere adecuarse al cambio de la institucionalidad forestal de acuerdo al mandato del Tribunal Constitucional, que señala que un órgano privado como Conaf no puede ejecutar estas acciones”, explica.
Corma: “No hay relación entre DL 701 y colusión”
El presidente de Corma, Fernando Raga, sostiene que el DL 701 dejó de existir para el sector de grandes forestadores hace 19 años. Por esto, agrega, “es importante tener una ley de fomento forestal para pequeños y medianos forestadores, la que hoy no existe”. Raga, además, asegura que “no hay ninguna relación entre DL 701 y colusión”.
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