Litigar puede salir muy caro, sobre todo si pierde un juicio de larga duración y es condenado, además de los montos demandados, a pagar las costas del proceso. Y si bien estos son factores que deben tomar en consideración los ciudadanos que recurren a la justicia, no es muy distinto para el caso del Fisco.
Un informe elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) cuantifica el nivel de exposición del Estado a los juicios pendientes en el Consejo de Defensa del Estado (CDE). Y lo que tendría que desembolsar el Fisco de perder dichas demandas no es menor.
Acorde al Informe de Pasivos Contingentes 2018, publicado a fines de diciembre del año pasado, el Estado debería desembolsar nada menos que US$ 20.900 millones en pagos por montos demandados, exposición máxima al sistema judicial que equivale a 7,1% del PIB.
La cifra resulta del análisis del total de causas en el sistema del CDE, las que a junio del año pasado ascendían a 9.596 -su nivel más alto desde 2006-, de las cuales en el 92% de los casos el Fisco es demandado y es demandante en apenas el 4,5%.
Eso sí, el reporte de la Dipres recalca la escasa probabilidad de ocurrencia de que se activen dichas responsabilidades para el Fisco, ya que "considerando la efectividad histórica del CDE de un 94%, el monto a pagar de la totalidad de las demandas sería equivalente a un 0,44% del PIB".
A la fecha, las causas resueltas en el sistema equivalen a US$ 264 millones, en los cuales el Estado ha desembolsado US$ 20,7 millones en pagos relacionados.
"Esta referencia considera sólo lo ocurrido en el pasado, puesto la evolución dependerá, entre otros factores, de la actuación de funcionarios o instituciones del Estado en el futuro y de si la sociedad civil está más o menos dispuesta a entablar acciones judiciales contra el Fisco, situaciones ambas difíciles de internalizar en algún modelo", señala el documento.
Controversias en el sistema de concesiones
Otro tópico de análisis del reporte de Dipres es el costo para el Fisco por las controversias pendientes en el sistema de concesiones de obras públicas. Esto se produce cuando hay diferencias técnicas o económicas entre las sociedades concesionarias y el Ministerio de Obras Públicas, las que se dirimen a través de un panel técnico.
Cuando las controversias se generan por la interpretación o aplicación de un contrato, se pueden presentar ante la Comisión Arbitral o la Corte de Apelaciones.
A diciembre del año pasado, hay 75 causas pendientes entre el Estado y los concesionarios. Si todos los procedimientos se resolvieran en contra del Fisco, el desembolso alcanzaría los US$ 530 millones ($ 352.027 millones), una exposición máxima equivalente a 0,18% del PIB.
El documento revela que el monto total solicitado por las concesionarias, tomando como base solo las reclamaciones terminadas y factibles de determinar su cuantía, asciende a US$ 3.218 millones. El Fisco a la fecha ha desembolsado US$ 953 millones, un 29,6% de lo demandado.
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