Uno de los principales nudos para destrabar la reforma tributaria es la situación de las pequeñas y medianas empresas (PYME). La propuesta del gobierno crea la denominada “Cláusula PYME”, a la que los contribuyentes con hasta 50 mil UF anuales de ventas ingresarán de manera automática.
El nuevo régimen, que reemplazaría al sistema 14 ter, considera un impuesto de Primera Categoría de 25% -versus el 27% en el régimen integrado total-, una rebaja del impuesto corporativo a 12,5% por las primeras 8 mil UF de ingresos, depreciación instantánea y un planteamiento de declaración de renta de parte del Servicio de Impuestos Internos (SII), entre otras medidas.
Los parlamentarios opositores en la comisión de Hacienda han manifestado sus críticas a este nuevo esquema, ya que reemplazaría al 14 ter modificado en la reforma del 2014. Por ello, encargaron un análisis a un grupo técnico.
En un documento de tres páginas, los expertos proponen ocho modificaciones al 14 ter: “Hemos sugerido la presentación de una propuesta parlamentaria cuyo eje sea fortalecer y ampliar los beneficios contenidos en el actual 14 ter para permitir que todas las empresas que se encuentran bajo esta calificación puedan ingresar al sistema”, se lee en el texto.
La primera medida apunta a establecer una norma transitoria para que las empresas que están en los sistemas de renta atribuida e integración parcial puedan ingresar al 14 ter, por un período de un año.
También se plantea revisar las restricciones para el tipo de sociedades que migren al 14 ter, como por ejemplo permitir el ingreso de cooperativas o entidades sin fines de lucro.
Límite de ventas
Uno de los puntos clave que sugiere el grupo de expertos es el aumento del tope de ventas anuales para ingresar al sistema. El mecanismo apunta a permitir la migración a contribuyentes con un promedio de ventas que no supere los 75 mil UF en los últimos tres años, que en ningún año individualmente considerado superen las 80 mil UF o llegar a 100 mil UF de corte para todas las entidades que se consideren PYME.
La cuarta idea es que para la determinación de los impuestos se mantenga que la renta líquida imponible será la diferencia entre los ingresos percibidos deducidos de los gastos pagados. También se sugiere mantener la contabilidad simplificada para las empresas de este régimen, pero con la posibilidad de que “libremente” se opte por contabilidad completa.
El punto cinco considera uniformar el tope de 35% de ingresos provenientes desde inversiones, acciones, derechos sociales o cuotas de fondos mutuos. Asimismo, se propone la exención del impuesto corporativo, darle herramientas al SII para presentar una declaración especial para las PYME, y revisar el procedimiento de salida del régimen para “incentivar el crecimiento de las compañías y no castigarlo”.
El grupo está compuesto por Jorge Rodríguez Cabello por la DC, Hernán Frigolett por el PS, Reinaldo Monardes por el PPD, Maite Gambardella por RD, Fabián Duarte por el PRSD y Fernando Carmona por el PC.
Los dardos a la propuesta del gobierno
En la introducción del documento, los técnicos opositores realizan fuertes críticas al contenido de la Cláusula PYME del gobierno. Así, apuntan a la obligación de llevar contabilidad completa, “lo que redunda en mayores costos administrativos para las PYME”.
Además, advierten que se crean cuatro formas diferentes para determinar los impuestos -base percibida, base devengada, sistema presunto y transparencia tributaria-, que es un “error” el establecimiento de márgenes para industrias, y critican que la depreciación de los activos fijos adquiridos por las empresas sea transitoria.
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