Uno de los proyectos clave en la agenda del Ejecutivo para reducir la evasión y elusión tributaria, es la moción parlamentaria que obliga a bancos e instituciones financieras a informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) los saldos y las sumas de abonos en cuentas iguales o superiores a 1.500 UF ($ 47,6 millones aproximadamente).
Esto cuando se registren movimientos diarios, semanales o mensuales equivalentes al citado monto. Además, se debe informar al fiscalizador el RUT del titular o titulares de la cuenta, el controlador del titular y el beneficiario efectivo cuando corresponda.
El texto, ingresado a trámite por los senadores José Miguel Insulza y Ricardo Lagos Weber, y los exparlamentarios Jorge Pizarro y Carlos Montes, tuvo un hito clave ayer al ser aprobado en particular en la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Ya en su segundo trámite constitucional, el texto pasa a Sala con mínimos cambios en relación a lo despachado por el Senado. Eso sí, lo más probable es que la iniciativa vuelva a la Cámara Alta para un tercer trámite.
En presencia de la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, y el co-coordinador tributario de la cartera, Diego Riquelme, los diputados despacharon con pocos cambios el texto.
El principal fue una indicación de los legisladores de oposición Frank Sauerbaum y Miguel Mellado, que aumenta las multas para quienes filtren la información personal a la que acceda el SII, estableciendo una pena de presidio en su grado medio a máximo y una sanción monetaria entre 70 a 500 Unidades Tributarias Anuales (UTA). El proyecto original considerada multas entre 50 a 400 UTA.
Ese fue el único ajuste aprobado por los diputados, ya que se rechazó una indicación que planteaba que el SII debería fundamentar las razones para solicitar la información de los saldos de cuentas a los bancos e instituciones financieras. La idea se rechazó con ocho votos en contra.
Tampoco se aprobó una indicación que buscaba eliminar la letra B del artículo segundo, que establecía nuevas obligaciones de información para contribuyentes que adquieran la calidad de constituyente o “settlor”, beneficiario, “trustee” o administrador de un “trust” creado conforme a disposiciones de derecho extranjero. La idea fue rechazada por ocho votos negativos.
Tampoco logró aprobarse una indicación que aumentaba los requisitos para acceder a la información de los saldos o movimientos, al establecer como obligación una autorización judicial en caso de que el titular rechazara la entrega de la información.
Asimismo, la comisión -de mayoría oficialista- tampoco visó un párrafo que establecía que el servicio accedería a los saldos siempre y cuando tuviera “sospecha” de las operaciones realizadas por el titular o beneficiario de la cuenta.
Por último, los parlamentarios le bajaron el pulgar a otro ajuste que buscaba reducir de seis meses a un año el plazo para que el SII mantuviera la información sin que haya iniciado una investigación o proceso sancionatorio.
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